viernes, 23 de enero de 2015

El desplazamiento forzado en Colombia

El desplazamiento en Colombia, 1985-2014


Por: Juan Carlos Villamizar, PhD

Las estadísticas del desplazamiento

La población desplazada, producto de la guerra interna en los últimos treinta años en Colombia, ha afectado al 13% de la población de con 6.185.910 personas a noviembre de 2014.[1] Se trata de un grupo poblacional al cual le han sido violados sus derechos fundamentales y que hoy cuentan con la posibilidad de que le sean reparados y restituidos tales derechos mediante la ley 1448 de 2011 y los desarrollos derivados de la Sentencia T-025 de 2004. A continuación describiré la distribución de la población desplazada para los departamentos de Colombia con base en el Registro Único de Victimas (RUV).



El total del desplazamiento

            Como puede apreciarse el acumulado de la población en situación de desplazamiento ha ido creciendo: hasta 1997 cuando el Gobierno del Presidente Ernesto Samper expidió la Ley 387 “para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”, había 683.969 personas, siete años más tarde, cuando la Corte Constitucional expidió la Sentencia T-025 en 2004, el desplazamiento se había aumentado cinco veces a 3,3 millones de personas; posteriormente, en medio de una concepción de negación del conflicto armado por parte de la Administración de Alvaro Uribe Velez, la acumulación de la población desplazada fue creciendo, hasta llegar en 2010 a los llegando a los 5,6 millones de personas afectadas por el conflicto político interno. Con la llegada del nuevo Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, éste tomó la decisión de pasar al Congreso una norma de restitución, que terminó en la expedición de la ley 1448 de 2011, Ley de víctimas y restitución de tierras. Hoy, a tres años de expedida la ley, la población expulsada de sus hogares a seguido en aumento en 551.703 personas, aunque la presión y aceleración de la expulsión de personas ha disminuido notablemente, es una cifra que no deja de ser despreciable si se tiene en cuenta que la nueva ley intenta reparar a la población. 

Esta evidencia, en cifras, del comportamiento del desplazamiento ha sido posible gracias a la ley 1448 de 2011. Las personas, no todas, declararon en el momento mismo del desplazamiento, muchos lo han podido hacer por la expedición de las normas de restitución. Como se puede apreciar por la gráfica 2, la declaración del desplazamiento siempre estuvo muy por debajo de las personas que efectivamente eran desplazadas, hasta el año 2006. Después de 2008, el flujo anual de la población en desplazamiento comenzó a disminuir y la población a su vez comenzó a declarar su situación de manera creciente.

La distribución territorial del desplazamiento


Sur de Magdalena, Mayo de 2013, Foto: Juan Carlos Villamizar
Uno de los efectos que ha tenido el desplazamiento, además de ser una vulneración a los derechos de las personas y las familias a tener una vivienda y unos medios de vida dignos, ha sido la recomposición de la población en el territorio. Es bien conocido por los habitantes de las grandes ciudades, la forma como se han ido repoblando los márgenes de las mismas, presionando a las admnistraciones locales por servicios e infraestructura. No significa que el desplazamiento sea la causa principal, pero si presiona las demandas sociales en las ciudades hacia las administraciones locales. Otra consecuencia, de mayor gravedad, es la presencia de poblaciones con principios de organización colectiva como los indígenas o descendientes afros que ven desestructuradas su cosmovisión con respecto al espacio, la geografía, la alimentación, la fiesta, el vestido y un sin número de prácticas que entraron en riesgo de desaparecer de forma acelerada e irreversible.

Una revisión de la forma como se ha estado produciendo el desplazamiento es observando la movilidad neta de la población por el territorio, tanto por expulsión neta como por recepción neta de las personas que han sido vulneradas en sus derechos políticos y civiles, revela que de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, 20 departamentos (el 60,6%) son expulsores netos de población, es decir que la diferencia entre la población expulsada y la población recibida en cada ente territorial, arroja un neto de expulsión que en todo el país fue de un millón de personas. Esa situación ha afectado con mayor intensidad a los departamentos de Choco, Bolívar, Tolima, Caqueta, Putumayo, Magdalena, Cauca, Cesar y Antioquia entre los de mayor intensidad. Si se toma, a primero y al último de los departamentos mencionados, se configura la región de Urabá, una de las más golpeadas por la situación de violencia, que se ha reflejado en la expulsión neta de gran parte de su población.

Por otra parte, el Distrito Capital de Bogotá  y doce departamentos son receptores netos de población desplazada sumando un total de 983.591 personas desplazadas desde otros departamentos. La capital de la República, ha recibido el mayor impacto con casí medio millón de personas, le sigue Atlántico en su capital Barranquilla, y en igual sentido el Valle del Cauca con epicentro receptor en la ciudad de Cali.

Ha ocurrido, en consecuencia, una recomposición de la población en el territorio de Colombia, haciendo que, por ejemplo, de acuerdo con las proyecciones del Censo de 2005, Bogotá en 2014 llegaría a tener 7.776.845 habitantes, proyección realizada sin considerar las variables de desplazamiento, de manera que, es posible que ese número hoy sea incrementado por esa población no prevista de 464.284 habitantes, para un total de 8.241.129 habitantes en la ciudad capital aproximadamente, de los cuales, el 6% se corresponde con la población desplazada. El efecto directo de esa situación, es una presión adicional por servicios públicos, educación, salud, y toda una serie de bienes públicos, que no constituyen restitución y reparación, sino sólo el logro de condiciones mínimas para sobrellevar la vida en la ciudad.




[1] Cifra obtenida de la información disponible en el Registro Único de Víctimas (RUV) descargadas en enero de 2015 y que reporta datos a noviembre de 2014. Ver: http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/



2 comentarios:

  1. Saludos. Me interesa mucho indagar que tipo de territorialidades han consolidado las victimas del desplazamiento forzado por conflicto interno armado en una ciudad intermedia como Ibagué - Tolima y específicamente desde la comuna 6. Indagando a partir de sus imaginarios urbanos. Me asisten varios problemas entre ellos: 1. ¿cómo asumir y definir la población desplazada si son y no son, se camuflan, en algún momento dejan de serlo. es decir las territorialidades estudian il gracias.

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  2. En relación con su pregunta, es necesario ver a Ibagué en el contexto del Departamento del Tolima. Este departamento, entre 1985 y 2014, expulsó a 254.500 personas y sólo ha recibido a 139.957, lo que lo caracteriza como un departamento expulsor de población desplazada, en especial en los años de 2002 y 2007. De los desplazados que ha recibido el Departamento, el 55% ha llegado a Ibagué, es decir 77.700 personas. No puedo decir nada de la comuna que usted cita. Lo cierto es que las personas que han sufrido desplazamiento, han sido violentadas en sus derechos humanos y en esa medida requieren un acto de reparación por parte del Estado.

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