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viernes, 20 de diciembre de 2019

La reforma agraria: la paz con las farc, un compromiso aplazado de nuevo


El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) dejó de nuevo aplazada, por tercera vez en ochenta años (1936, 1960-1968, 2016), la reforma agraria. En el acuerdo del 2016, las partes acordaron un lacónico proceso de formalización de la propiedad privada mediante la asignación de títulos para quienes ya tienen posesión sobre la tierra. También se aceptó restituir y reparar a quienes perdieron la tierra en la guerra de 25 años y se volvió a dejar para después la redistribución de la propiedad. Este asunto es de especial importancia, pues el coeficiente Gini de tierras en Colombia llega al 0,8 %, uno de los más desiguales del mundo. Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo se revisa cómo el tema agrario en Colombia
continúa siendo un proceso de acumulación originaria permanente —con el latifundio como su forma dominante—, y se sostiene que la paz acordada es solo
una manera de preparar el mundo agrario colombiano para el gran capitalismo, creando derechos de propiedad necesarios en la agroindustria y haciendo de los campesinos una fuerza de trabajo disponible para la producción, ahora que estos han quedado liberados de la guerra.

Palabras clave: Colombia; desigualdad; farc; guerrilla; latifundio; paz; propiedad;
reforma agraria; tierra; trabajo; uso del suelo.

Continuar leyendo: https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/83151

jueves, 12 de septiembre de 2019

Pensando la historia económica de Colombia. Tendencias en la difusión y divulgación (1971-2016)

Un nuevo libro en el campo de la historia económica ha llegado con la finalidad de mostrar las nuevas tendencias en la historiografía desarrollada después de 1970 hasta el presente. 

Se trata del resultado de una investigación realizada por el grupo de profesoras Ángela Rojas, Tatiana González y el profesor Juan Carlos Velásquez de la Universidad de Antioquia.  En tres capítulos ofrecen un contexto nacional e internacional, el desarrollo disciplinar, los autores, sus obras, las editoriales y la divulgación.

Es un texto que se pone en línea con las dos últimas evaluaciones realizadas por Jesús Antonio Bejarano en 1994, Historia económica y desarrollo. La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia y Adolfo Meisel Roca en 2007,  Un balance de los estudios sobre historia económica de Colombia, 1942-2005. Estamos seguros que será gratificante y estimulante para el avance del conocimiento de los estudios realizados y, por lo tanto, del conocimiento sobre los hechos de la historia económica de Colombia.

jueves, 29 de noviembre de 2018

La Comisión de la Verdad


Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición

Hoy se instaló la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, o Comisión de la Verdad. Le damos la bienvenida a este mecanismo de garantía Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR. Esta será una comisión similar a las que se establecieron en Guatemala (1994), Perú (2001), Paraguay (2003), Argentina (1983), Chile (1990).

Se trata de un organismo autónomo creado por el Acto Legislativo 1 de 2017 (Capitulo II, artículo transitorio 2), en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al lado de la Jurisdicción Especial para la Paz, La Comisión de la Verdad será un órgano temporal, por lo que su vigencia es de tres años, al final del cual, habrá un informe que proveerá elementos de esclarecimiento de la verdad en relación con la grave violación de los derechos humanos, el reconocimiento de las víctimas y la promoción de la convivencia para la no repetición. Las actividades de la Comisión no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. Está conformada por 11 miembros escogidos de la sociedad civil: el Padre Francisco de Roux como su director, Alejandra Miller, Alejandro Valencia Villa, Ángela Salazar, Alfredo Molano Bravo, Martha Ruiz, Carlos Martín Berinstain, Lucia González, Carlo Guillermo Ospina, Patricia Tobón Yagarí, Saúl Franco. 

De acuerdo con el artículo 11 del decreto 588 de 2017 la Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:

"1.  Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.
 
2.  Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de 10$ paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el numeral anterior.
 
3.  El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a personas en razón de su religión, opinión o creencias, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo ROM, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas o víctimas del conflicto que se encuentren en el exterior, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros.
 
4. El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición.
 
5.  El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos.
 
6.  El contexto histórico; los orígenes y' múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.
 
7.  Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.
 
8.  El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad.
 
9.  El fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse; su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación; así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto.
 
10.  El desplazamiento forzado y despojo de tierras con ocasión del conflicto y sus consecuencias.
 
11.  La relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico."

domingo, 1 de abril de 2018

Elementos para periodizar la violencia en Colombia: dimensiones causales e interpretaciones historiográficas [1]

Portada
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/65251
                           Juan Carlos Villamizar[2]
Introducción
El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) es el último de los diagnósticos globales realizados acerca de la violencia en Colombia. Se trata del cuarto informe comisionado por el Gobierno Nacional entre 1958 y 2015,[3] esta vez, en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El informe tuvo como fin ser un “insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto”, … y, ser una fuente “para una futura comisión de la verdad.”[4] En febrero de 2015 se dio a conocer el texto final compuesto por doce ensayos y dos relatorías[5]. Se trata de un informe que contiene diversas interpretaciones de la violencia en Colombia, que no busca una sola verdad y, por lo tanto, plantea una diversidad de análisis que merecen ser examinados para la mejor comprensión de nuestro pasado. De los diversos interrogantes que surgen del informe, en este ensayo nos ocuparemos de uno en particular, a saber, la periodización de la violencia durante los siglos XX y XXI.
La demarcación de un periodo conlleva la conceptualización e interpretación del mismo. Aquí buscaremos demostrar la hipótesis, que la violencia en Colombia ha sido continua y estructural y, dadas esas dos características, se trata de una guerra civil prolongada. Aceptar esta visión implica, igualmente, rechazar las posturas acerca de las múltiples violencias, la discontinuidad de la guerra y que la turbulencia política de los últimos treinta años es sólo producto de intereses económicos individuales.
En esa línea, de establecer una periodización de la violencia y su interpretación crítica, en los siglos XX y XXI, en la historiografía reciente[6] se pueden identificar varias propuestas: La CHCV (2015), compiló 12 coautorías con visible autonomía cada una para definir los periodos. En unos casos, los periodos se delimitan desde los años veinte, en otros desde los cincuenta, y en otros, desde los ochenta, así mismo las explicaciones son diversas y con implicaciones distintas. Para unos autores, la violencia es interpretada como una situación coyuntural y para otros, es estructural. Con este informe se abrió un debate entre los que creen que el conflicto interno es un asunto marginal y que debe ser tratado como un castigo judicial, y entre los que sostienen que se trata de un asunto consustancial a la historia política y social de Colombia.
Por su parte, el Grupo de Memoria Histórica (GMH, 2013), en el informe Basta Ya. Colombia, Memorias de guerra y dignidad, estableció cuatro periodos: 1) la violencia bipartidista a subversiva (1958-1982); 2) la expansión de paramilitares y guerrillas con propagación del narcotráfico (1982-1996); 3) la polarización de la confrontación (1996-2000); y, de negociaciones en medio del conflicto (2005-2012). Conceptualmente, para el GMH se trata de una guerra prolongada y degradada.[7]
Investigadores independientes han hecho otras periodizaciones y conceptualizaciones: Reyes (2009) se centra en el despojo de tierra desde la década de los ochenta y por lo tanto, el conflicto agrario es el centro de la confrontación; Ramírez (2015) destaca la existencia de varios intentos de pacto constitucional desde 1958 como una formula, siempre fracasada, de superar la violencia política; Guerrero (2011) y Medina (2011), ambos intentan una propuesta de reescritura de la historia política del siglo XX en Colombia, con base en una periodización demarcada por acontecimientos de violencia crítica[8]; y, Uribe López (2013) plantea un único periodo de confrontación violenta desde 1964 con la creación de las FARC hasta 2010, que lo lleva a definir el conflicto como una guerra civil prolongada. Su definición se fundamenta en el hecho que la confrontación generó más de mil muertos por año.
            A partir de las propuestas de GMH (2013) y de Uribe López (2013) se pueden delimitar dos periodos: el bipartidista liberal-conservador (1945-1964), sobre lo cual hay consenso en la historiografía. Está definido por el ejercicio de la política por medio de la violencia entre las dos facciones de los partidos tradicionales; y el que inicia con los ataques del Estado a las localidades de Marquetalia (Tolima), Riochiquito (Cauca), el Pato y Guayabero (Huila) en 1964, que dio origen al surgimiento de la lucha del gobierno con las FARC hasta las negociaciones entre las dos partes en La Habana. Este ensayo se fundamenta en estos dos periodos. En línea con nuestra hipótesis, los dos periodos cumplen con características que revelan la continuidad de la problemática económica y política, que conduce a un rasgo estructural y, en consecuencia, a la prolongación de la guerra civil. Si bien, ha habido un cambio, referido al paso de la lucha bipartidista a la lucha anti-subversiva, esa transformación no ha modificado la estructura que conduce a la persistencia de la guerra. A continuación, veremos la magnitud, las causas y la historiografía de la violencia para luego concluir.


Ver Artículo completo en:  https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/65251/66270
[1] Ensayo publicado en: Ciencia Politica., Volumen 12, Número 25, p. 173-192, 2018. ISSN electrónico 2389-7481. ISSN impreso 1909-230X.

sábado, 1 de julio de 2017

La economía política de la paz: la paz gratuita




Juan Carlos Villamizar, PhD.[1]

Pasados seis meses de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 y ratificado por el Congreso de la República el 29 y 30 de noviembre del mismo año[2], el Gobierno Nacional dio a conocer el documento de política fiscal a diez años conocido como Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual incluye el capítulo V, “necesidades de inversión para la implementación del acuerdo de paz y sus fuentes de financiamiento”.[3] Allí se establece un monto de recursos de $129 billones constantes de 2016 para el periodo 2017 a 2031 que financiaría los cinco puntos del Acuerdo de Paz. Hasta ahora, este documento, es la versión oficial de medición de los costos del post-conflicto.
 
Firma Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, 24 de noviembre de 2016

jueves, 25 de mayo de 2017

Memoria y olvido: relato de la fabula de la historia de Colombia, 1930-1960

Anotaciones en torno a al libro: Memoria y olvido: Usos públicos del pasado en Colombia, 1930-1960,  de Sandra Patricia Rodríguez Ávila editado por la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia.

El libro que ahora tenemos al público, es una invitación a repensar nuestro pasado histórico como colombianos, nos muestra una muy rigurosa investigación acerca de la construcción de la memoria oficial del país que hizo la Academia Colombiana de Historia entre 1930 y 1960. El trabajo de Sandra Rodríguez, hecho bajo los parámetros de la investigación científica adquiere un status que nos acerca a la verdad, no de la historia realizada por los miembros de la Academia, sino del propósito adelantado por las élites conservadoras de la primera mitad del siglo XX en forjar dicha memoria, haciendo un uso público del pasado mediante conmemoraciones patrióticas, la enseñanza de la historia y la conservación del patrimonio.

El texto trae dos aluciones a Eric Hobsbawn pertinentes y lapidarias: la primera dice: “Es esencial que los historiadores recuerden constantemente esto. Las cosechas que cultivamos en nuestros campos pueden terminar convertidas en alguna versión del opio del pueblo” y la segunda sostiene: “… la historia mala no es historia inofensiva. Es peligrosa. Las frases que se escriben en teclados aparentemente inocuos pueden ser sentencias de muerte”. El libro de Sandra, refleja con claridad como la historia nacional elaborada por la Academia llevó a la realidad, y con lujo de detalles, las sentencias del historiador inglés.

Dicho esto, dos aspectos surgen luego de la lectura de la sesuda investigación que tenemos entre manos: el primero, que estamos frente a la revelación de lo que fue la historia oficial, de carácter confesional católico, orientada hacia el hispanismo, el culto patriótico y el respeto por las fuerzas armadas y las elites. Se trata de una concepción pre-científica, guiada por el animismo, una pseudo-ciencia de la historia nacional, conceptos que no usa Sandra pero que se llenan de contenido con sus páginas. El segundo aspecto, que proviene del primero, es que la historia oficial promovida por la ACH, fue y tal vez sigue siendo, una fábula, no en el sentido de una composición literaria que deja una enseñanza útil o moral, sino en el sentido de ser, “una ficción artificiosa con que se encubre una verdad”. Sobre esos temas trata el libro.

En cuatro capítulos y una introducción, la autora estudia la conformación de la ACH, sus dinámicas institucionales, las políticas de la memoria, los olvidos y los revisionismos promovidos (en conmemoraciones, la enseñanza y la conservación patrimonial), donde se consolidaron marcos, lugares y tradiciones de la memoria.

El capítulo 1, estudia la conformación de la Academia, por hombres de la elite política conservadora, aficionados a la historia, o a lo que ellos creían era o debía ser la historia; fue una institución que contó hasta 1958 con los recursos del Estado, lo que le permitió mantener una publicación periódica, el Boletín de Historia y Antigüedades; desarrolló un trabajo de transferencia hacia las academias regionales; y, se constituyó en el ente emisor y legítimo de la memoria oficial de la República de Colombia en el periodo señalado.

El capítulo 2, con base en el concepto de tradición inventada, desarrolla la práctica de los festejos patrios y a la vez religiosos, con la misión de recordar fechas estelares y con ello inculcar valores y normas por medio de la repetición. El capítulo 3, estudia la misión desarrollada por la academia de conservar el patrimonio histórico y cultural (archivos, monumentos, iconografía patriótica, y la galería de historiadores, donde por supuesto, los propios miembros de la academia se otorgan su lugar). Aquí se van marcando las pautas de lo que hemos llamado la cultura pre-científica.

Los eventos conmemorativos, colocaron a la iglesia en el centro de los acontecimientos, la cruz es la alegoría de la libertad y los próceres son los mártires que sacrificaron, como cristo, su vida por nosotros, no importan sus fallos, sus ideas, sus cambios abruptos, lo que interesa es mantenerlos en la santidad. Por ejemplo, Bolívar como Moisés fue un destello viviente del poder divino. Con este discurso, la iglesia contribuía a la defensa de su posición política como institución eclesiástica en contra de las reformas liberales. El soldado, el párroco o el misionero son objeto de monumentos para su recordación, en un acto de gratitud para con ellos. No faltó incluso, la idea que la iglesia era la fuente de la civilización.


El capítulo 4, trata de la forma como la Academia fue la fuente de la enseñanza de la historia como historia patria por varias generaciones. Bajo la categoría de análisis de la memoria ejercida de Paul Ricoeur, Sandra aborda los usos públicos del pasado, la operación cognitiva de la rememoración de un acontecimiento que tuvo lugar y la memorización del aprendizaje de saberes y destrezas que se constituyen en hábitos. Así la propuesta de la enseñanza de la historia por parte de la Academia se hizo bajo cuatro claves: lo que se debe saber, lo que se debe enseñar, lo que se debe recordar y, tal vez, lo más importante y relevante, lo que se debe olvidar.

lunes, 22 de mayo de 2017

La historia de Colombia en debate - Serie Documentos

A continuación reproduzco un encuentro para debatir la concepción de la historia de Colombia, publicado en el Magazín Dominical de El Espectador de el 30 de abril de 1989 (No. 316). Ahora que se está discutiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley para la enseñanza de la historia, lo que allí se discutió resulta relevante 28 años más tarde. Sorprende que, por lo menos, en materia de difusión de la historia la situación no ha cambiado mucho, a pesar de la ampliación del número de programas de historia y de una producción universitaria amplia.































domingo, 16 de abril de 2017

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas

Juan Carlos Villamizar, PhD

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) surgida de las negociaciones de paz, entre el Gobierno y la Guerrilla de las FARC en La Habana. Tuvo como mandato del gobierno “producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población.”[1]
El resultado fue un conjunto de 12 ensayos y dos relatorías, muy disimiles y que una vez más, cuestionan las periodizaciones y las causas del conflicto político en los siglos XX y XXI. Empero, agrega un elemento nuevo, la pregunta por la persistencia del conflicto, es decir, implícitamente el mandato buscó indagar por factores estructurales y permanentes que hacen que el conflicto desde la mitad del siglo pasado, surja, se renueve y cobre nuevos aires más letales y autodestructivos que el anterior ciclo. El aspecto sobre los efectos e impactos sobre la población tuvo un tratamiento descuidado. Hay un reconocimiento que los periodos más críticos fueron el de 1945-1964 y 1985-2013. Eduardo Pizarro y Víctor Moncayo como relatores propusieron entonces varios aspectos analíticos acerca de la historia de la violencia en Colombia: la cuestión sobre la continuidad o discontinuidad del conflicto, que a su vez está relacionado con la temporalidad que en cada caso se le asigna al conflicto.
Cuando el énfasis lo ponen en la continuidad, es el conflicto por la tierra el elemento que sigue estando en el centro del debate (Fajardo, Molano, Estrada: CHCV, 2015). También se considera estructural el cierre de los espacios políticos en los dos periodos de violencia. Igualmente, está la respuesta desproporcionada y reiterada de las élites frente a la protesta social (Wills, CHCV,2015); por último, algunos comisionados incorporan a la explicación la emergencia de un capitalismo extractor de rentas, donde el narcotráfico es parte consustancial del sistema (Estrada, Moncayo en: CHCV, 2015).


Cuando el énfasis lo ponen en la discontinuidad, los comisionados centran su atención en destacar: que el FN terminó con la violencia bipartidista de mitad del siglo XX; que el narcotráfico y paramilitarismo se sitúan como actores nuevos de la violencia; y que los actores armados sólo tienen como finalidad de su accionar la extracción de rentas (a través del secuestro y el boleteo) haciendo tabla rasa del periodo anterior a los años ochenta (Duncan en: CHCV, 2015)[4], en una aceptación tácita de la forma cómo la clase política ha construido el pasado (sin verdad, sin memoria, sin historia).



[1]              https://www.mesadeconversaciones.com.co/comision-historica/introduccion

viernes, 16 de diciembre de 2016

Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil



Lula Da Silva - Presidente de Brasil 2003-2011

El estudio Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil[1] de Hernán Gómez Bruera trata de la formación, desarrollo y logros del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil durante el periodo 1980-2010. El concepto orientador de Gómez es la gobernabilidad y el reto que representó para el PT, transformarse desde una estrategia de gobernabilidad social contrahegemónica hacia la gobernabilidad basada en el acomodo elitista que acepta la distribución del poder y los arreglos institucionales existentes y busca acomodar a los actores estratégicos dominantes.
La investigación se basa en 140 entrevistas realizadas a actores de PT entre 2008 y 2010: se trata de líderes del partido que ganaron elecciones o fueron designados como funcionarios del gobierno nacional o sub-nacional. De ellos, se destacan 10 exministros, 18 secretarios de diferentes estados y 13 asesores presidenciales. Igualmente, Gómez seleccionó casos de aplicación de estrategias de gobernabilidad en diferentes ámbitos de gobierno: examina administraciones que buscaron apoyarse en la movilización popular para introducir estrategias contra-hegemónicas, en las ciudades de Diadema (1982-1985) y Sao Paulo (1989-1992); administraciones que combinaron movilización con participación como Porto Alegre (1989-2005); y,  administraciones que dieron prioridad al acomodo de actores estratégicos dominantes, como en Sao Paulo (2000-2004). El autor también hace una revisión de los documentos programáticos del partido y de las principales políticas aplicadas en los gobiernos sub-nacionales y nacional. Finalmente, establece una distinción con respecto a la bibliografía existente sobre movimientos sociales y partidos políticos, en el sentido que, en su mayoría los observadores del PT han afirmado que el partido perdió contacto con su base social, argumento que Gómez rebate, para decir que, el cambio no fue de distanciamiento cuando el partido llegó al poder, sino que el PT experimentó una transformación en la forma de relación con sus bases sociales con el fin de mantener la gobernabilidad.
Gómez parte de que los movimientos de masas se enfrentan a tres tipos de situaciones: de gobernabilidad política, gobernabilidad económica y gobernabilidad social. Esos tipos de gobernabilidad son definidos por Gómez como dimensiones. Esas dimensiones se enfrentan con actores estratégicos, es decir, actores que controlan fuentes de poder que, en el caso del PT, fueron cada vez más fuertes, a medida que el partido iba accediendo en la escala del poder hasta la Nación, esos actores fueron el establishment financiero, terratenientes, productores rurales, partidos políticos conservadores y grupos de negocios. Para enfrentar tales actores, el PT empleó dos tipos de estrategias: contra-hegemónica y elitista. A medida que el partido fue ganando posiciones dentro del Estado, fue pasando desde la posición contra-hegemónica a la de transacción elitista. Esa transición la va mostrando Gómez basado en una rica base documental que le permite demostrar el cambio ocurrido en el transcurso de los treinta años del PT. Gómez aclara que la posición contra-hegemónica no consiste en el desarrollo de acciones para derribar al bloque dominante sino en neutralizar de forma creativa la influencia de los actores estratégicos poderosos en las instituciones del Estado a través de la movilización de masas y la participación amplia de los sectores populares en las instancias de gobierno, como por fuera de ellas.
El PT se constituyó en 1980, y a diferencia de los partidos de izquierda anteriores, surgió desde abajo hacia arriba, con un fuerte acento en las clases populares, en un espectro que incluía al nuevo sindicalismo, la izquierda organizada y la iglesia progresista. Entre los grupos de mayor reconocimiento estaban el sindicato de los metalúrgicos con su figura más influyente, Luiz Inácio Lula Da Silva; el sector progresista de la iglesia católica inspirado por la Teología de la Liberación, que desarrollo las comunidades eclesiales de base con iniciativas de educación popular, su papel fue esencial para dar al PT un carácter plural, uniendo a los trabajadores del campo y la ciudad; y, el tercer grupo, la izquierda organizada proveniente de una vasta gama de tendencias marxistas, trostkistas, maoístas y de otras organizaciones políticas. Una característica del partido es que los movimientos que lo conforman nunca perdieron su identidad y otros se formaron bajo su cobertura, como en el caso de la Central Única de los Trabajadores (CUT) en 1983 y el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) en 1985. Un rasgo del PT en sus inicios fue su postura crítica frente a las instituciones representativas formales, lo que no impidió, que participara en elecciones locales desde 1982. Asimismo, desarrolló un modelo genético de actuación, el cual, ha sido su legado incluso, en su fase de vinculación con las instituciones estatales: la movilización de masas, los vínculos interpersonales y la democracia participativa.

En los noventa, el PT fue ganando nuevas posiciones dentro del Estado al llegar a varias alcaldías y desarrollar posiciones de poder, fue así como su discurso fue tomando una nueva forma, en el sentido que muchos de los elegidos en las nuevas posiciones, tuvieron que ampliar el campo sociopolítico, en el cual, debían atender no sólo las demandas de sus electores sino de toda una ciudad. Desde allí se fue generando una nueva perspectiva del partido para integrar nuevos sectores sociales que, si bien no actuaban como militantes, si votaron por el PT. Otro cambio, fue que muchos de los movimientos debieron moderar sus posiciones frente a las nuevas administraciones, de las cuales, ellos hacían parte, eso afectó la movilización de masas. En ese sentido no hubo un abandono del PT de las organizaciones sociales, por el contrario, se generó una nueva interacción, en la cual, las organizaciones pasaron a percibir, por diversos mecanismos, recursos de las administraciones y el Estado mismo, ganó en la generación de mecanismos de participación. Nos dice Gómez, “despunta como paradoja que incluso el MST … se volvió beneficiario importante de los recursos estatales, promovió candidatos al Congreso y empleó incluso a muchos de sus cuadros en instituciones estatales”(Gómez, 2015:140).
Estando en el poder ejecutivo sub-nacional, el PT se vio enfrentado a fortalecer su poder contra-hegemónico y, al mismo tiempo, abrir el espacio para la estrategia de gobernabilidad elitista. Para ilustrar tales estrategias, el autor nos muestra los ejemplos de las administraciones de Luiza Erundina en Sao Paulo (1989-1992), los cuatro gobiernos del PT en Porto Alegre (1989-2004) y la de Marta Suplicy en Sao Paulo (2000-2004). Las dos estrategias de gobernabilidad fueron tomando forma tanto dentro del campo petista como fuera de él. Dentro del campo petista, las primeras administraciones locales debieron enfrentar las acciones disruptivas de los movimientos sociales, para lo cual, algunas de las administraciones optaron por la distribución de cargos dentro de las mismas, consolidando una nueva burocracia. Igualmente, se incorporó el mecanismo del presupuesto participativo que empoderó a muchas organizaciones sociales, como una forma de poder contra-hegemónico dentro del mismo Estado y le permitió al partido ampliar el dialogo con la clase media y otros sectores más amplios, como en Porto Alegre. Por fuera del campo petista, se imponía el mayor reto para, lograr la gobernabilidad frente a grandes grupos económicos y partidos políticos conservadores, lo que llevó al desarrollo de la estrategia elitista, es decir, la toma de decisiones políticas y económicas sin la participación de las fuerzas populares, fuerzas que eran la fuente misma del poder del PT. Este fue un cambio significativo, en el cual, los líderes del PT percibieron muy pronto que no podían mantener la gobernabilidad política si no tenían las mayorías aseguradas en las instancias del legislativo sub-nacional y nacional.
Luego de disputar la presidencia en 1989, 1994 y 1998, en su cuarto intento en 2002, Lula llega a la presidencia de Brasil, con lo cual, la gobernabilidad se convirtió en un asunto aún más importante para el PT y alteró los discursos y estrategias del Partido. Es así como desde la campaña de 2002, el grupo de Lula dentro del PT desarrolla la estrategia elitista de conciliar con los actores estratégicos dominantes (los industriales, el sector financiero, los terratenientes y los empresarios de los agro-negocios) y entra a negociar las principales reformas y políticas. Primero mediante un mecanismo intermedio de compra de votos que lo llevo a una crisis política y luego, para superar esa crisis y ganar gobernabilidad política, Lula designó ministros de varios partidos y proporcionó más cupos presupuestales para los congresistas.
Desde el punto de vista de la gobernabilidad económica, la estrategia elitista fue mucho más clara: ya desde la campaña de 2002, los primeros acuerdos fueron con los sectores financiero y de agro-negocios, lo que implicó ceder la política económica a las tendencias ortodoxas del equilibrio fiscal y también las decisiones fundamentales en el campo agropecuario, haciendo a un lado la reforma agraria, un tema histórico en la trayectoria del PT. En este punto, Gómez argumenta a favor de la trayectoria histórica del PT, se opone a que hubo un cambio en las concepciones económicas del PT, por el contrario, interpreta tales decisiones como una forma de generar una respuesta pragmática con la cual ganar credibilidad entre los inversionistas extranjeros y los tenedores de bonos. Solo cuando la administración demostró suficientes credenciales en materia de disciplina fiscal, el establishment financiero dejó de ostentar su poder de veto y el gobierno pudo lidiar con él desde una posición de mayor fortaleza.
Una de las situaciones que expresa con más claridad el cambio en las prioridades del PT es su renuencia a compartir el poder con la sociedad civil en dos de sus programas más importantes: Bolsa Familia y el Programa de Aceleración del Crecimiento. De nuevo, lo que parece una contradicción, para Gómez es la construcción de un proceso natural de gobernabilidad social, el PT optó “por desarrollar políticas que les redituaran puntos inmediatos entre los sectores pobres o impacto en la opinión pública”(Gómez, 2015:247), a ello, se agregó que entre los líderes partidistas y activistas sociales, Lula era uno de ellos, y por lo tanto, no se requería acudir a los instrumentos participativos. Visto en perspectiva, sin embargo, la administración petista creó varias instituciones de participación durante los dos periodos de gobierno, instituciones que son conquistas importantes de la sociedad civil brasileña y proporcionaron voz a grupos minoritarios antes excluidos. El paso del programa Hambre Cero a Bolsa Familia priorizó la necesidad de la reelección presidencial, lo que implicó, desplazar los programas participativos que eran más lentos, hacia estrategias más tecnocráticas y dirigidas desde el Estado, de esa forma el gobierno logro dar un salto de cobertura de 3.5 a 51.4 millones de personas atendidas. A este cambio, se agregó que en la segunda presidencia el Programa de Aceleración del Crecimiento priorizó la promoción de obras de infraestructura a gran escala y no tenía ningún mecanismo participativo.
La gobernabilidad social del PT fue otro de los soportes que permitió que el gobierno se mantuviera sin crisis sociales o políticas de gran envergadura. Eso se logró por varios elementos: el liderazgo de Lula, su presencia y el vínculo afectivo que genera entre los votantes, resultó ser uno de los activos más importantes del PT, ese liderazgo llenó los espacios que el proceso participativo iba dejando atrás con el fin de ganar mayor fuerza política desde el punto de vista electoral; la distribución de cargos en el aparato estatal y la asignación de subsidios públicos masivos, son aspectos que Gómez califica como recompensas a las bases sociales; los vínculos interpersonales entre el partido y los líderes sociales, es otro componente que favoreció la gobernabilidad social porque la burocracia del partido nunca perdió los nexos con las organizaciones sociales y, ellos mismos, como burócratas en el gobierno no dejaron de sentirse miembros de su organización social; por último, la voluntad del partido en el gobierno. Esa voluntad se tradujo en incrementos en el salario mínimo en un 53% en los dos periodos, aumentos que se materializaron sólo hasta 2005.



[1] Villamizar Juan Carlos Lula, el Partido de los trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil [Publicación periódica] // Revista Mexicana de Sociología / ed. sociales Instituto de investigaciones. - México, D.F : [s.n.], Enero - maezo de 2017. - 1 : Vol. 79. - págs. 209-213. - ISSN 0188-2503.

sábado, 25 de junio de 2016

El fin de la Guerra Civil permanente



Tras la firma del acuerdo de cese el fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno de Colombia y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el día 23 de junio de 2016, el libro del profesor Mauricio Uribe López (2013), La Nación vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia, se convierte en un escrito de referencia para aquellos interesados en conocer una de las interpretaciones más sugestivas acerca de los orígenes del conflicto armado en Colombia y su desarrollo hasta el presente.

El intento de interpretación en la Nación Vetada, nos recuerda las Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes de Tilly (1991), porque cuenta que el siglo XX colombiano tuvo dos grandes guerras: La Violencia (1946-1964) y la iniciada en 1964 y que afortunadamente, el proceso de dialogo en La Habana ha llevado al inicio de su fin ahora en 2016. Así pues, el libro plantea la pregunta por la persistencia de un conflicto tan largo (52 años), ¿por qué la guerra civil es recurrente?, o ¿cuál es el orden que ha estructurado la élite gobernante? La respuesta de Mauricio, es que después de esa primera coyuntura crítica, como los bombardeos de 1964, vino otra que

lunes, 29 de junio de 2015

Antonio García Nossa y Luis Eduardo Nieto Arteta: Trayectorias comunes desenlaces distintos

                                                                                                                                                                                                             Juan Carlos Villamizar[2]


Antonio García Nossa




“[...] era un socialista doctrinario y paradójicamente también un romántico. [...] qué placer daba escuchar sus exposiciones, dichas con ese acento tan propio suyo [...] No se contentó con estudiar nuestros problemas sino que extendió su investigación al más amplio campo de América Latina. [...] Detrás del conocimiento adquirido por el investigador, [había] un amor sincero por el pueblo, sobre todo por la clase campesina. Sus estudios sobre el problema agrario tienen un alto valor. Fue severo al juzgar el resultado de las reformas emprendidas, justificadamente severo, pienso yo. [...] Expuso su concepción socialista, estudió las características del capitalismo latinoamericano y el fenómeno de la dependencia”.[3]








Luis Eduardo Nieto Arteta - Fondo Nieto Arteta



“En Colombia, los más grandes talentos se malogran por falta de una férrea voluntad. Ello puede explicarse por especiales condiciones históricas. En efecto, en nuestra nación, el talento y la cultura, cuando residen ampliamente en una persona, se encuentran desamparados, sin apoyo social, en medio de una tremenda soledad. Todos los auténticos intelectuales son en Colombia hombres solitarios, entregados forzosamente a sí mismos, sin vinculaciones con la sociedad, haciendo intensos estudios para ellos solos. Tal es el signo trágico de la exigencia del intelectual en Colombia. Carta de Luis E. Nieto Arteta a Jaime Tobón Obregón, Bogotá, agosto 1941.”[4]







1          Introducción[1]

 En este 2012, se cumplen cien años del nacimiento y treinta de la muerte de Antonio García Nossa, promotor y fundador de las ciencias económicas en Colombia y cuya obra además ha tenido un efecto sobre la historia económica, en particular en el campo agrario. Mi interés se centra en posicionarlo como un intelectual que entre las décadas del treinta y setenta del siglo XX desarrolló una actividad intelectual que representa en muy buen grado, las tensiones y los intereses que el Estado y la sociedad colombiana privilegiaron en el campo de la cultura, entendida en el más amplio espectro de sus manifestaciones. Con el fin de observar con mayor claridad la especificidad y particularidad como los rasgos comunes de algunas de las actuaciones de Antonio García he tomado, como punto de comparación, a otro intelectual que compartió los mismos espacios como la academia, la política, el extenso mundo latinoamericano y se aventuró, igualmente, a ofrecer como García, una interpretación de la historia económica de Colombia, se trata de Luis Eduardo Nieto Arteta.[5]

La CEPAL y su influencia en el pensamiento económico en Colombia, 1948-1970

E l  libro, El pensamiento económico en Colombia. Construcción de un saber 1958-1970, editado en Bogotá, por la editorial de la...