El
presente libro, trata del conflicto que vive Colombia en el periodo reciente
(1980-2013), el cual, en términos de las víctimas, fue muy intenso entre 1996 y
2008 y aunque ha disminuido su intensidad, se resiste a su fin. Para dar cuenta
del mismo, hemos tomado como estrategia metodológica la realización de
entrevistas a varias víctimas del conflicto en distintos lugares de Colombia y, a partir de allí, hemos combinado varias visiones
que nos permiten ofrecer un relato del conflicto desde las vivencias de las
personas que lo han padecido, la geografía recorrida y producida por ellas, los
espacios que han tenido que habitar luego del desplazamiento forzado y la
acción del Estado en dos grandes aspectos: uno, las limitaciones para reparar
de manera eficaz a las víctimas porque la ley 1448 de 2011 tiene una concepción
limitada del espacio y el territorio, porque enfatiza en la reparación
individual y no reconoce plenamente la reparación colectiva; y dos, el
desarrollo de políticas agroindustriales y de grandes proyectos portuarios que,
en lugar de incluir a la población local, la excluyen de tales actividades
económicas, enfatizando en la separación entre la sociedad y la naturaleza.
Queremos, primero, ofrecer un lugar a las víctimas
desde el que puedan visibilizar su problemática. Con ello, nos inscribimos en
el conjunto de estudios que han utilizado el testimonio de las víctimas de la
guerra como instrumento de análisis dentro del campo de los estudios de la
violencia.[1]
Entre los más recientes que utilizan la entrevista como método de indagación
están los trabajos sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el
Uraba Antioqueño[2],
los informes de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado[3],
los informes de la Alianza de Mujeres del Seguimiento al Auto de la Corte
Constitucional 092[4],
la Organización Femenina Popular[5],
La Ruta Pacífica de las Mujeres[6],
los informes sobre el genocidio a la Unión Patriótica (Reiniciar, entre otros)[7],
los trabajos del Centro de Memoria Histórica, algunos de los cuales destacamos[8]: Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo
y política en el Caribe colombiano (2011), San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra (2011); La tierra en disputa. Memorias del despojo
y resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960-2010 (2010); Bojayá. La guerra sin límites (2010); La masacre de El Salado. Esa guerra no era
nuestra (2009); La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira (2010);
La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia (2010). Un balance de
tales escritos es recogido en el informe ¡Basta Ya!
Colombia: memorias de guerra y dignidad de 2013, con el cual, el presente estudio comparte la siguiente noción
sobre la memoria:
“Documentar
la violencia desde la memoria, privilegiando las voces de las víctimas, nos
permitió … acercarnos a las comprensión de las experiencias de las víctimas y
reconocer los daños y los impactos que estas han experimentado individual y
colectivamente, … Hacer memoria de la violencia es también hacer memoria de los
cambios indeseados, de los seres, los entornos, las relaciones y los bienes
amados que fueron arrebatados. Memoria de la humillación, del despojo, de los
proyectos truncados. Memoria de la arbitrariedad y de la ofensa. Memoria del
enojo, de la rabia, de la impotencia, de la culpa y del sufrimiento.”(CMH,
2013, p. 25).
Los testimonios de las víctimas han hecho visible la
problemática del conflicto, ha sido por su valor para denunciar y para ejercer
la exigibilidad de derechos, que ha sido posible la expedición de la Sentencia
T-025 de 2004, y los diversos autos de seguimiento para las comunidades
indígenas, afros, las mujeres, la comunidad LGBT y el pueblo Rrom.
En segundo lugar, deseamos evidenciar que el
conflicto en Colombia tiene formas de manifestación distinta de acuerdo a la
región donde ella ocurra, los procesos de lucha por el espacio territorial son
diferentes en los departamentos de Sucre, Magdalena, Meta, Nariño y la región
del Magdalena Medio. No queremos decir que no tengan relación, la tienen, pero
surgen pequeñas diferencias que podrían justificar acciones estatales de
resolución de los conflictos distintas; las regiones escogidas son hoy, fuente
de generación de la nueva riqueza de la minería (Sur de Bolívar), de los
cultivos agroindustriales (Meta, Nariño y Magdalena Medio), del tráfico de
drogas (Nariño, Sucre), de los nuevos proyectos turísticos (Sucre, Bolívar) y
de la riqueza petrolera (Meta y Magdalena Medio). En el pasado, en la época de
la violencia de los cincuenta, las zonas cafeteras fueron asoladas por la lucha
alrededor de las riquezas que ellas generaban, eran las zonas de Tolima
(Libano, Chaparral y Villarica), Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle. Hoy el epicentro
de la guerra es casi todo el país rural, por lo tanto, debemos hablar de varios
centros: la costa norte, la costa pacífica, la altillanura, el magdalena medio.
El balance de Carlos Miguel Ortíz (1994), muestra como el enfoque regional ganó
un lugar entre los estudios sobre la violencia en Colombia, hecho que se
evidenció en el Simposio Internacional que dio origen al libro Pasado y presente de la violencia en
Colombia (1986 y 1991), (Ortíz, 1994, p. 403).
Bajo la lupa de lo regional han aparecido las
relaciones entre lo geográfico, lo económico y lo político. Uno de los autores
que ha trabajado estas relaciones es Alejandro Reyes Posada, con Guerreros y campesinos. El despojo de la
tierra en Colombia (2009)[9],
además de otros trabajos desarrollados en el pasado por, en éste, el autor puso
en evidencia como después de los años ochenta, los narcotraficantes adoptaron
el mecanismo de compra de la tierra en alianza con terratenientes y
paramilitares; también como éstos últimos han despojado a millones de
campesinos en alianzas con políticos regionales y nuevos empresarios para el
desarrollo de megaproyectos agrarios, mineros y madereros.[10]
Una de las hipótesis, defendidas por el autor y que se develan en el libro es
que “los conflictos sociales por la tierra, han sido sustituidos por el dominio
territorial”[11]
y una de sus consecuencias, la destrucción del campesinado colombiano. Uno de
los aspectos que en el presente estudio compartimos con el trabajo de Reyes es
la relación entre la violencia y el poder territorial: ¿para qué le servían a
los paramilitares despojar de sus territorios a los campesinos sino para
mantener el dominio territorial?, tal y como lo develan las entrevistas que en
este estudio se incluyen para los casos del paramilitar “Jorge 40” en Sabanas
de San Ángel, Pivijay y Chibolo en Magdalena; al “Bloque Héroes Montes de
María” en San Onofre y Ovejas en Sucre; al “Bloque Centauros” en San Carlos de
Guaroa en Meta; al Bloque Central Bolívar en la parte norte del Magdalena
Medio; y, al Bloque Frente Libertadores del Sur en Nariño.
Las relaciones entre la violencia, el dominio
territorial y el poder, pueden ser rastreadas en la larga historia de la
humanidad como lo muestra Michael Mann en su libro Las fuentes de poder social (1984),[12]
para quien lo económico, lo ideológico, lo político y lo militar son las cuatro
fuentes principales del poder y las formas como ellos se combinan (mediante la
organización, el control, la logística y la comunicación), hizo que unas
sociedades se organizarán desde modos autoritarios hasta modos más
democráticos. Así, existieron los imperios de dominación que combinaban la
coerción militar con la centralización territorial del Estado y la hegemonía
geopolítica (el acadio, el asirio, el romano) y las civilizaciones con
múltiples actores de poder en un marco de regulación normativa (Fenicia, Grecia
Clásica y la Europa Medieval). En el caso de las sociedades industriales, los
mismos componentes de ese poder social se pusieron en la escena durante el
siglo XX con dos guerras mundiales, una larga guerra fría de cuarenta años,[13]
después vendrían las guerras de occidente contra oriente y en todas ellas, los
grandes poderes mundiales querían apoderarse del territorio del otro, tal y
como ocurrió con el reparto del mundo entre capitalistas y comunistas y en
épocas más recientes, entre occidentales y orientales. ¿Por qué tendríamos que
ir tan lejos en el entendimiento de la situación colombiana?, porque eso nos
podría arrojar pistas sobre las soluciones y evitaría la confusión creada por
el informe de la Comisión de estudios sobre la violencia, Colombia: violencia y democracia de 1987, según el cual, la
violencia política era la menor de las violencias y nuestro sino trágico como
colombianos era el de ser violentos. Las luchas territoriales siempre han
existido donde las sociedades no han logrado desarrollar un orden plural, que
reconozca las diferencias, donde los Estados no han logrado la suficiente
legitimidad para el ejercicio del poder e incluso llegan a confundir su
accionar con el de las fuerzas en conflicto.
En tercer lugar, queremos dar cuenta de la dinámica
del desplazamiento en su magnitud desde cada región en particular, así
entendemos que la cifra de 5.845.002 víctimas registradas al 1 de octubre de
2013, de las cuales, 5.087.092 son por desplazamiento forzado,[14]
es un número significativamente alto de víctimas, pero que saberlo no es
suficiente, es necesario verlo en su dimensión regional, por lo cual, en este
trabajo hemos querido observar como hubo municipios enteros que, o están
ampliamente disminuidos o repoblados. Igualmente, la evidencia estadística
muestra que para el periodo 1984-2013, departamentos como Sucre, Magdalena,
Bolívar y la región del Magdalena Medio, tienen un punto crítico en la primera
mitad de la década de 2000 y en los últimos tres años, disminuye la tendencia
del desplazamiento, no es ese el caso de Nariño que inicia su etapa trágica en
2006 y todavía hoy continua en un punto crítico muy alto. De la misma forma,
los hechos violentos, en el Magdalena Medio ya eran una situación de crisis
humanitaria desde el inicio de los ochenta. A diferencia de otros estudios que
han hecho referencia a las estadísticas del desplazamiento, en esta publicación
incorporamos, de manera gráfica, las rutas del desplazamiento hacia los lugares
a donde fueron a parar las víctimas, una característica general en todos los
casos, es que las personas se movieron entre un cuarenta y un cincuenta por
ciento de su lugar de origen. El resto se mantuvo alrededor de los sitios de
donde fueron desplazados, en muchos casos, las víctimas aguardaban (y aún
aguardan) por el retorno.[15]
También están los confinados, los que se quedaron y aún no están en ningún
registro. Para ellos y ellas también debe haber una reparación, porque también
crearon una forma de vida que el Estado debe reconocer en la aplicación de la
política.
Este estudio no intenta probar una hipótesis sobre
el carácter de la violencia, tampoco busca convencer al lector sobre un modo de
ver la historia del conflicto armado, lo que hemos querido es colocar en un
mismo eje argumental diferentes evidencias (con el testimonio de las víctimas
en primer lugar), las cuales, puedan servir a otros investigadores. Se trata de
un conjunto de fuentes primarias recogidas en visitas de campo (entrevistas,
notas de prensa y estadísticas) y de otras fuentes secundarias, que puestas en
un determinado orden, nos arroja una breve historia para cada departamento y
región, con lo cual, esperamos contribuir a la extensa bibliografía que
afortunadamente las ciencias sociales colombianas han producido sobre el tema.
En 2007, “una revisión de los registros bibliográficos arrojaba una cifra
superior a 700 títulos de artículos y libros producidos a partir de 1990”[16],
después de esa fecha puede haberse producido otro tanto, que se encuentra a la
espera de un balance.
La pregunta por las causas de la violencia ha sido
una preocupación constante en la literatura que se ha escrito sobre la misma.
Los principales diagnósticos se han hecho desde comisiones gubernamentales: la
primera, fue la Comisión Nacional Investigadora de las Causas de la Violencia,
creada en 1958, que dio origen al trabajo de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals
Borda y Eduardo Umaña Luna, La violencia
en Colombia (1962 y 1964), allí se buscó encontrar las explicaciones en el
largo proceso histórico, la composición de las estructuras de la sociedad
colombiana y sus agrietamientos. La segunda Comisión, se ordenó hasta 1987 que
dio como resultado la publicación, Colombia:
violencia y democracia, que como ya hemos comentado, lanzó una de las tesis
más arriesgada y cuestionable, según la cual, la violencia política en Colombia
no era tan grande como se creía y que “mucho más que las del monte, las
violencias que nos están matando son las de la calle”. La tercera, es la
Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación creada por la ley 975 de 2005
y que ahora se transformó en el Centro Nacional de Memoria Histórica por la ley
1448 de 2011 (art. 171), que ha publicado un informe que sintetiza 24
investigaciones anteriores titulado ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013),[17]
una de cuyas características es que creó un puente entre lo que la
historiografía llamó la Época Violencia
caracterizada por la ideología bipartidista, y los fenómenos que luego
revitalizaron el conflicto como: la aparición de las guerrillas desde los
sesenta, el surgimiento del narcotráfico a finales de los setenta y el
paramilitarismo de los ochenta hasta el presente. La continuidad creada le
permite al CMH decir que el informe “dará cuenta de más de 50 años de conflicto
armado en nuestro país.”(CMH, 2013, p. 19). Con ello afirma que hay una
relación entre la violencia liberal conservadora de mediados del siglo XX, con
el surgimiento de las guerrillas, la entrada del narcotráfico y el
paramilitarismo, relación que tiene que ver principalmente con “las viejas
deudas y los nuevos problemas vinculados a la tierra” (CMH, 2013, p. 21).
Aspectos que se documentan por igual en este libro, el despojo y la apropiación
violenta de la tierra, pero también la falta de respuesta institucional
adecuada, y en muchos casos, agravada por la inacción y la desidia
administrativa.
Entre los casos examinados se encontró, como las tierras
que el Estado había asignado, luego se
las quitó a los campesinos, favoreciendo el proceso de despojo que los
paramilitares habían iniciado en distintas zonas del país. Se trata no sólo de
un compromiso incumplido por el Estado sino también de la vieja deuda que la
institucionalidad ha tenido con la reforma agraria, varias veces aplazada y que
ha sido una de las fuentes principales del conflicto. Al no haber solucionado
esa fase de nuestra historia, los dilemas frente a la propiedad territorial continúan
y se agravan con el advenimiento de proyectos de desarrollo empresarial (en los
sectores agrícola y minero) que han entrado a competir con los espacios
geográficos que tradicionalmente han sido de pequeños y medianos campesinos:
los Montes de María, extensas áreas del Departamento del Magdalena, el Sur de
Nariño, la región del Magdalena Medio y el Departamento del Meta, todas zonas
susceptibles de ser explotadas por sus recursos naturales y potencial turístico
y portuario.
Por último, en el libro La Nación vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia
(2013),[18]
el investigador Mauricio Uribe propone una tesis sobre el conflicto interno que
resulta muy sugestiva y que es una fuente de explicaciones posibles a las
dinámicas de guerra descritas en las historias de este libro. Lo primero, que
debemos señalar, es que el autor no se refiere al conflicto sino a una guerra
civil, definida como “una lucha armada en el seno de una unidad
organizada”(Uribe, 2013, p. 31), pero que además tiene una “intensidad
acumulada”. Dicho esto, plantea la pregunta: “¿por qué la guerra que comenzó en
1964 se ha prolongado hasta hoy?”(Uribe, 2013, p. 36). La respuesta, se explica
por dos componentes: la existencia de una comunidad política desarticulada y un
estilo de desarrollo concentrador de la riqueza, que refuerza la desigualdad y
el sesgo anti-campesino.
En el largo periodo de cincuenta años, el autor
identifica dos grandes momentos: el primero, el bombardeo a las autodefensas
campesinas en 1964 (Marquetalia en el sur del Tolima; El Pato en Caqueta y
Guayabero en Meta) y el rechazo a la reforma agraria en 1971 (Pacto de
Chicoral), como respuesta se dio origen a una colonización armada de las
tierras no cultivadas, esas coyunturas crearon las condiciones de una retroalimentación
positiva entre la guerra y el desarrollo con sesgo anticampesino; el segundo
momento, reforzó las condiciones anteriores con el surgimiento del narcotráfico
y de los ejércitos paramilitares en los años noventa, los cuales tuvieron el
efecto de crear una nueva elite apalancada por la ilegalidad y que se reforzó
de nuevo con un proyecto económico agroexportador y desligado del campesino
como agente económico.
Sugerimos también la mirada sobre el lugar y el
llamado a reconocer el valor y la importancia de la de geografía[20]
para ver la relación entre la sociedad y la naturaleza y ver cómo se influyen
mutuamente en la producción del espacio, con el fin de intentar descubrir en
los relatos, los espacios íntimos construidos, la vida familiar y las
relaciones vividas en lo productivo, lo social y lo cultural. Proponemos
relacionar y dimensionar el análisis y el desafío de la aplicación de la
política pública en los espacios destruidos por la guerra, con los espacios
producidos por el capital.[21]
Planteamos que es necesario estimular la búsqueda de nuevas formas de pensamiento
y de acción espacial y territorial, formas que contribuyan a cambiar las
geografías injustas producidas por el modelo de desarrollo y que permita
reparar integralmente a las víctimas de dicho modelo. Por eso, resultan
cruciales los asuntos relacionados con la desigualdad socio-espacial, la
equidad territorial y la justicia espacial.
Las historias narradas aquí hacen eco de las voces
de miles de hombres y mujeres, son testimonios que se entregan a través de sus
relatos de vida y la manera como ellos y ellas fueron construyendo sus entornos
de vida y sus sueños, materializados en sus parcelas. Después dan cuenta de
cómo el desplazamiento, el homicidio, el maltrato, entre otros, producto del
conflicto armado, les transformaron la vida, situación que hoy los tiene en la
incertidumbre, engrosando las listas de víctimas aspirantes a la reparación de
sus derechos, a la restitución de sus tierras y territorios.
Son historias de violencias y despojos que nos
recuerdan que el conflicto no es una realidad reciente sino de vieja data:
“[…] las
parcelas perdidas durante la Violencia de los cincuentas, calculadas por Paul
Oquist en 393.648 (en Violencia, conflicto y política en Colombia (1978)), se
quedaron perdidas en su mayoría para sus propietarios y poseedores. Si se
aplica un promedio de sólo 5 hectáreas por parcela, el despojo durante esa
época ascendería a cerca de 2 millones de hectáreas, una cifra muy
significativa para la época cuando el área cultivada en bienes agrícolas no
superaba las 2.594.000 hectáreas en 1950 y 3.257.00 en 1960 incluyendo el café,
sin contar por supuesto con el área usada en pastos que ascendía según el censo
agropecuario de 1960 a 14.606.000 hectáreas. Entre agricultura y ganadería
existían en 1960 cerca de 17.863.000 hectáreas, o sea como mínimo el despojo y
el abandono de tierras alcanzó al 11,2% de esa área utilizada. Los que salieron
del campo fueron fundamentalmente campesinos productores de alimentos. Este
proceso reconfiguró la propiedad rural en las zonas donde el conflicto fue
intenso, especialmente en toda la zona cafetera central y el occidente incluido
el Valle del Cauca.”[22]
En 2002 la Consultoría para los Derechos Humanos y
el Desplazamiento (Codhes), advertía que el mapa del desplazamiento forzado
coincide en muchas regiones con el mapa de formulación o ejecución de
macroproyectos, con zonas de riquezas mineras, energéticas y aún de cultivos de
uso ilícito y procesamiento de drogas. Se preguntaba:
“¿Quién
se queda con la tierra de los desplazados?” y afirmaba, que desde 1998, se
consolidó una tendencia de crecimiento del desplazamiento forzado que afecta
cada año en promedio a 300 mil personas, cifra que no sólo se confirma para el
primer semestre de 2002, que alcanza alrededor de 204 mil personas desplazadas,
sino que advierte que, de mantenerse semejante dinámica de expulsión, este año
será el más grave en materia de desplazamiento de población en Colombia.”[23]
Las entrevistas en profundidad nos dejaron oír los
relatos que dieron cuenta del antes:
¿cómo era su vida?¿qué ocurrió con el hecho victimizante?¿cómo se dio?¿qué pasó
con su desplazamiento?¿qué pasó en la tierra que fue despojada? Nos dimos a la
tarea de reconocer en el ser humano las historias ocultas de la guerra que han
afectado de forma diferencial a hombres y mujeres dejándonos imaginar lo que
existe, detrás del paisaje narrado:
“Ahora piénsalo de otra manera.
Piensa que este movimiento tuyo no es sólo espacial, también es temporal. Así,
apenas has salido de Manchester, y te acercas a los llanos de musgos que se
extienden a ambos lados, Manchester ya ha quedado atrás. Las vidas han
avanzado, se han hecho negocios, la meteorología, por supuesto, ha cambiado.
Aquella colección de trayectorias que es Manchester ya no es la misma que había
cuando tú te fuiste de allí. Ha perdurado sin ti. ¿Y Liverpool? De igual forma,
no se ha quedado ahí sin más, quieto en el mapa esperando tu llegada. También
ha continuado haciendo sus cosas, moviéndose” (Doren Massey p.185)[24]
De igual forma, llamando a ver el espacio–tiempo
como una unidad, pensamos en los testimonios de vida entregados por la gente
que al salir forzadamente de: Sábanas de San Ángel, Chivolo, Flores de María, las Cuatro Hermanas, la Sorpresa, Parapeto, San Carlos de Guaroa, la
Libertad, Concejo Comunitario de la
Anupa, Chenque, Barrancabemeja, Cantagallo, Puerto Wilches, Simiti, San Pablo.
Las personas que se entrevistan recuerdan de diversas
maneras: Se registran fechas y se deja el recuerdo a la imaginación para narrar los hechos y sin darse cuenta se
excluye el espacio habitado del relato, nombrar como eran los espacios amados
que se han visto obligados a abandonar. Relatos que permanecen fijos en la
añoranza, descubrir esas trayectorias vividas, esa espacialidad que da sentido
a su estar en un lugar. Espacios
vividos, espacios en trayectos destruidos. Es decir, conciencia del
espacio que se ha perdido a través de las relaciones fracturadas de los
procesos sociales, económicos, educativos, culturales, ambientales en
trayectorias simultáneas que dan cuenta que en el Magdalena, Meta, Sucre,
Nariño, Santander, Bolívar no han
quedado estáticos, como espacios neutros en medio del conflicto; que
nuevos objetos, flujos de comunicación, de relaciones de
producción han atravesado de forma escalar su lugar del despojo y, como ellos,
se han transformado produciendo otra
espacialidad que se manifiesta en ese paisaje que ante los ojos extraños parece
natural, pero que guarda historias. Al desplazar a una persona, familia o
comunidad de los lugares habitados, nunca más serán los mismos.
Las entrevistas realizadas permiten establecer contextos
que nos aproximaron a la zona Caribe e insular, a la región Central,
Nororiental, a la región del sur y del pacífico e insular. Voces que hoy insisten en ser escuchadas y
que demandan la restitución de los derechos. Como lo expresa el informe ‘¡Basta
ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad’[25]:
“De acuerdo con la investigación
del GMH, entre 1958 y 2012, murieron 40.787 combatientes. Es así como al
compendiar estas cifras, es posible afirmar que el conflicto armado colombiano
ha provocado aproximadamente 220.000 muertos. De estas muertes el 81,5%
corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes; es decir que aproximadamente
ocho de cada diez muertos han sido civiles, y que, por lo tanto, son ellos —
personas no combatientes, según el Derecho Internacional Humanitario— los más
afectados por la violencia.”[26]
Cada historia no es un dato estadístico que se pueda
dejar a la sola clasificación del actor
armado que se le asigna la responsabilidad, cada vida nos referencia un espacio
que es abierto y en construcción permanente que muestra no solo la diferencia
sino la desigualdad que delata en la forma de producción, la concentración del
capital y las consecuencias que ha traído la huella espacial de la guerra, las
cicatrices o heridas territoriales
abiertas que deben ser referencia obligada a la hora de hablar de una
justicia transicional o de la aplicación de la ley 1448. Dando la posibilidad de establecer relación con las
víctimas y avanzar en análisis espaciales que den cuenta de las realidades
ocultas que permanecen detrás de los paisajes como escenarios de la violencia.
La recuperación no solo de sus tierras sino la garantía de vivir en dignidad,
el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación siguen latentes en la
exigibilidad de las víctimas.
Las entrevistas realizadas nos permitieron hacer un
recorrido por las regiones del Caribe e insular
a través de los casos de Sucre y Magdalena y Magdalena Medio, Meta y
Nariño. En ellas, se revela la oportunidad de relacionar y comprender las
huellas de la violencia y los cambios espacio-temporales que ha dejado la
guerra, los derechos de las víctimas y los retos del Estado en aplicar
integralmente la ley 1448 para seguir por los senderos de la paz.
Nos atrevemos a dejar planteadas unas
interconexiones espaciales entre violencia y desarrollo económico y recogemos
la preocupación de David Harvey cuando habla de la acumulación por desposesión
refiriéndose a Colombia y afirmamos que será oportuno comprender la guerra y lo
que ella ha implicado en la concentración de la propiedad.
“En Suramérica, Colombia es un caso
patético de las consecuencias nefastas del modelo neoliberal, explicó el
geógrafo inglés. <<La historia de Colombia es terrible porque es un claro
ejemplo de acumulación por desposesión […] pues los gobiernos de este país
andino han entregado el territorio a las transnacionales minero-energéticas
para su explotación, las cuales a su vez son protegidas por el ejército y
cuentan con todas las garantías y gabelas del Estado colombiano.” Harvey
desarrolla el presupuesto de acumulación por desposesión para analizar
fenómenos como los que se dan en Colombia de mercantilización y privatización
de la tierra, expulsión violenta de campesinos y la transformación de los
derechos comunes en derechos privados>>. Lo que posibilita la acumulación
por desposesión es la liberación de un conjunto de activos, incluida la fuerza
de trabajo a un coste muy bajo y en algunos casos nulo", explica el
científico social inglés.”[27]
Con esta realidad, el camino en la construcción de
la paz con justicia nos advierte que no solo será necesaria la aplicación de la
ley 1448. Hay que reconocer los contextos de espacio y tiempo del conflicto que
nos mostraran las consecuencias que ha dejado la guerra y con ella, los retos
económicos, políticos, sociales, culturales y afectivos para dimensionar
alternativas en esta geografía que se revela denunciando el desarrollo de
desiguales y retos en la política pública para hacerles frente.
La paz con justicia social que todos anhelamos,
implica también una geografía socialmente justa, que responda a las necesidades
de la gente en sus lugares y regiones y no simplemente se ocupe de lograr altos
índices de eficiencia espacial para beneficio del capital.
Las victimas nos reclaman construir una imaginación
geográfica alternativa que reconozca plenamente la coexistencia simultánea de
otros, con sus propias trayectorias y sus propias historias; una imaginación
geográfica alternativa acorde con un pensamiento y una práctica política que
potencien la apertura del futuro; una imaginación geográfica que conciba el
espacio como relacional, abierto, cambiante y múltiple, que abra posibilidades
a la utopía y a la esperanza de espacios posibles justos y democráticos.
Es necesario un proyecto geográfico alternativo que
advierta que no solo existe la geografía dominante. El derecho al espacio, el
derecho al territorio, el derecho a los lugares, el derecho a la tierra y su
uso, son parte de los derechos humanos de carácter colectivo que debemos
reivindicar para la construcción de la paz con justicia social.
“Es necesario contar con la
generación de políticas estatales solidas que nos permitan acceder a tres (3)
pilares fundamentales para el desarrollo, como la movilización de los recursos
físicos, económicos y humanos, la capacitación tecnológica autónoma y la
democratización de las oportunidades educativas y económicas”.[28]
El Grupo Voces y Testimonios de las Victimas, en el
proceso de seguimiento a la ley 1448 de 2011, recoge de las víctimas sus
demandas para el goce efectivo de sus derechos, sus testimonios que exigen
avanzar en el desarrollo de una visión integral sobre la aplicación de las
políticas con enfoque diferencial, con la garantía plenas de la participación y
reconocer las capacidades, de las victimas entendidas en términos de
libertades necesarias para que en igualdad de oportunidades, se pueda lograr el
restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto social y armado,
base de un enfoque de desarrollo humano, que tenga en cuenta que el desarrollo
económico solo es posible materialmente si se tiene en cuenta la importancia
del papel activo de las víctimas en el fortalecimiento de sus capacidades y
habilidades, para superar la pobreza, superando el enfoque de política
asistencialista, para que puedan alcanzar los planes de vida propuestos y
mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.
[1] De acuerdo con Carlos
Miguel Ortíz (1994), Historiografía de la violencia. En Tovar, Bernardo (Ed.), La historia al final del milenio. Ensayos de
historiografía colombiana y latinoamericana (Vol. I, pp. 371-424). Bogotá,
D.C: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas. Algunos
de los textos testimoniles más significativos son: el libro de Eduardo Franco
Izasa, Las guerrillas del Llano
(1976) que da cuenta desde la perspectiva de la guerrilla liberal de su combate
contra el gobierno de los años cincuenta; después vendrían los textos de Jaime
Arocha, La violencia en el Quindío,
determinantes ecológicos y económicos del homicidio en un municipio caficultor
(1979); Darío Fajardo, La violencia y las
estructuras agrarias en tres municipios cafeteros el Tolima 1936-1970
(1977); luego vendrán los trabajos de Arturo Alape y de Alfredo Molano, todos
ellos, “hacen descansar buena parte del peso de la sustentación en informantes
claves”(Ortíz, 1994, p. 400).
[2] www.cdpsanjose.org.
[4] Mesa de seguimiento al auto 098 de 2008. (2013). Acceso
a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. Bogotá, D.C.
Descargado de: http://www.dejusticia.org/admin/file.php?table= documentos_publicacion&field=archivo&id=335.
[5]
http://organizacionfemeninapopular.blogspot.com/
[6]
http://www.rutapacifica.org.co/
[7]
http://diseno.reiniciar.org/
[8]
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). (2009). La masacre
de Bahía http://diseno.reiniciar.org/Portete. Mujeres Wayuu en la mira.
Bogotá, D.C: Taurus - Revista Semana - CNRR - Memoria Histórica; CNRR. (2009). La
masacre de El Saldo. Esa guerra no era nuestra. Bogotá, D.C: Taurus -
Revista Semana - CNRR - Memoria Histórica.; CNRR. (2010). Bojayá. La guerra
sin límites. Bogotá, D.C: Taurus - Revista Semana - CNRR - Memoria
Histórica; CNRR. (2010). La tierra en disputa. Memorias del despojo y
resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960-2010. Bogotá, D.C: Taurus -
Revista Semana - CNRR - Memoria Histórica; CNRR. (2010). Silenciar la
democracia. Las masacres de remedios y Segovia 1982-1997. Bogotá, D.C:
Taurus - Revista Semana - CNRR - Memoria Histórica; CNRR. (2011). Mujeres
que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano.
Bogotá, D.C: Taurus - Revista Semana - CNRR - Memoria Histórica; CNRR. (2011). San
Carlos. Memorias del éxodo en la guerra. Bogotá, D.C: Taurus - Revista
Semana - CNRR - Memoria Histórica.
[9] Reyes,
Alejandro. (2009). Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en
Colombia. Bogotá, D.C: Editorial Norma.
[10] Vargas,
Jennifer. (2010). Reseña: Reyes, Alejandro. (2009). Guerreros y campesinos: el
despojo de la tierra en Colombia. Bogotá, D.C: Editorial Norma. Estudios
Socio-Jurídicos, 12 (2), 7. Descargado de:
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/issue/view/157
[11] Varón,
María R. (2010). Reseña: Reyes, Alejandro. (2009). Guerreros y campesinos: el
despojo de la tierra en Colombia. Bogotá, D.C: Editorial Norma. Revista
colombiana de sociología, 33 (1), 4. Descargado de:
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs/index.
[12] Mann,
Michael. (1986). Las fuentes del poder social, I. Una historia del poder
desde los comienzos hasta 1760 d.C. Madrid: Alianza Editorial.
[13] Para
una historia comprensiva del siglo XX se puede ver: Hobsbaum, Eric. (1995). Historia
del Siglo XX. Barcelona: Crítica. Grijalbo Mondadori; Howard, Michael,
& Louis, Roger (Eds.). (1998). Historia oxford del siglo XX.
Barcelona: Planeta.
[14]
http://www.unidadvictimas.gov.co/
[15] Un
estudio realizado que estaba influido por la idea de la Colombia violenta,
medida por el número de homicidios por cada cien mil habitantes es el de:
Bejarano, Jesús A., Echandía, Camilo, Escobedo, Rodolfo, & Queruz, Enrique
León. (1997). Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las
áreas rurales. Bogotá, D.C: Fonade - Universidad Externado de Colombia; en
una perspectiva analítica diferente ver: Sánchez, Fabio, Díaz, Ana María, &
Formisano, Michel. (2003). Conflicto, violencia y actividad criminal en
Colombia: un análisis espacial. Bogotá, D.C: Universidad de los Andes.
Descargado de:
www.economia.uniandes.edu.co/content/download/2004/.../D2003-05.pdf.;
Colombia. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
(2011). Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, D.C: Mismo autor.
Descargado de: http://www.dps.gov.co/documentos/Retornos/
CIDH%20Desplazamiento%20Forzado%20en%20Colombia%20Marzo%202010%20para%20Canciller%C3%ADa1.pdf.
[16]
Peñaranda, Ricardo. (2007). La guerra en el papel. Balance de la producción
sobre la violencia durante los años noventa. En Sánchez, Gonzalo (Ed.), Pasado
y presente de la violencia en Colombia (3 ed., pp. 33-46). Bogotá, D.C: La
Carreta Ediciones. Universidad Nacional de Colombia.
[17]
Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Op. Cit.
[18] Uribe,
Mauricio. (2013). La Nación vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en
Colombia. Bogotá, D.C: Universidad Externado de Colombia.
[19] Montañés, Gustavo, &
Delgado, Ovidio. (1998). Espacio, territorio y región: conceptos básicos para
un proyecto nacional. Cuadernos de
geografía, VII (12). Descargado de: http://www. revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/issue/archive.
[20] Albet, Abel, & Benacht,
Núria. (2012). Doreen Massey. Un sentido de lugar. Barcelona: Icaria - Espacios
Críticos.
[21] Romero,
Hugo. (2005). Pertinencia y significado del ordenamiento territorial en Chile.
Urbano, 8 (11), 91-99. Descargado de:
http://web.ebscohost.com.ezproxy.unal.edu.co
[22]
Machado, Absalón. (2009, 3 de noviembre). El
despojo y abandono de tierras frente a la política pública. Documento
presentado al Foro Despojo de tierras y subsidios a la agricultura, Universidad
Nacional de Colombia.
[23] “Una
sociedad en medio del colapso”, intervención de Jorge Rojas Rodríguez,
presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
CODHES en el seminario "Desplazamiento: retos e implicaciones para la
gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos. Bogotá 4, 5 y 6 de
septiembre de 2002.
[24] Massey, Doreen. (2012).
Algunos tiempos de espacio. En: Albet, Abel & Benacht, Núria (Eds.), Doreen
Massey. Un sentido de lugar (pp. 309). Barcelona: Icaria - Espacios
Críticos., p. 185.
[25] El trabajo de
este equipo, que nació a partir de la Ley de Justicia y Paz –bajo la cual se desmovilizaron los
paramilitares–, desvirtúa la versión repetida de que solo una de cada 10
muertes violentas ha tenido que ver con el conflicto armado. Asegura que de cada 10
colombianos que perdieron la vida en estos 54 años, 3 la perdieron por causa de
la guerra. 26 de Julio de 2013.
[26] Colombia. Centro Nacional
de Memoria Histórica (CMH). (2013). ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra
y dignidad. Bogotá, D.C: Centro Nacional de Memoria Histórica.
[27] Citado por el parlamentario Wilson Arias. Junio
2013. http://www.cronicon.net/paginas/edicanter
/Ediciones87/nota08.htm
[28] Documento preparatorio al Foro sobre política rural
en el marco de los 90 años de la Contraloría General de la Republica, 28-29-30
octubre 2013.
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