Colombia: Primera Encuesta Nacional de Víctimas,1985-2013 (Doc., en pdf)

Contraloría General de la república presentó resultados de la primera encuesta nacional de victimas

La Contraloría General de la República presentó los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Víctimas ante la Corte Constitucional. A partir de los resultados allí presentados, el ente de control llegó a la conclusión que el Estado de Cosas Inconstitucional no puede ser levantado aún y que las nuevas realidades de las víctimas del desplazamiento luego de tres años de vigencia de la Ley de victimas y restitución de tierras (L. 1448 de 2011), implican la necesidad que el gobierno tiene de re-definir las meta establecidas en los Conpes 3712 de 2011 y 3726 de 2012. Esa re-definición tendrá implicaciones en el financiamiento mismo de la ley hacia el futuro.

Entre los principales resultados presentados se pueden mencionar: el cálculo de la batería de indicadores de medición del Goce Efectivo de Derechos (IGED), con esa medición de 152 indicadores para 26 derechos, el ente de control llegó a la conclusión que el estado de Cosas Inconstitucional no podrá ser levantado aún.

Se destaca el bajo índice de la vivienda digna (11,3%), el alto nivel de pobreza de la población víctima en situación de desplazamiento (80%) que supera en 50 puntos al nivel de pobreza del resto de los colombianos, el grado de indigencia que llega entre esta población al 35,5%, mientras que para el conjunto del país es de 9,1%, para una brecha de 26 puntos.

El nivel de sub-registro de las víctimas asciende a cerca del 15,5% (800 mil personas), con lo cual, se observa la necesidad de una mayor acción del gobierno para encontrar y atender a esa población. Resultado que, además, es evidencia de la continuidad del conflicto, del temor de las personas a declarar y de la política de atención por demanda que ha imperado en el gobierno.

El retorno una de las políticas de mayor promoción de la ley de víctimas muestra que la población en su mayoría no quiere regresar (74%),  sólo el 6,8% desea hacerlo, el 8,5% quiere reubicarse en un municipio diferente de donde fue expulsado, el 7,2% no lo ha decidido aún, el 2,1% ya retorno. Cuando se pregunta por esta variable a los que tenían tierra o propiedades la intención de retornar se sube al 15%.

La situación de despojo y abandono de la tierra, dice la encuesta, afectó a 537 mil grupos familiares que en total suman 7 millones de hectáreas, es decir, 237 mil grupos familiares y dos millones y medio más que las metas reconocidas por el Gobierno Nacional.

Una de las consecuencias más fuertes del diagnóstico que arroja la CGR es el referido a la necesidad de redefinición de las metas establecidas en el Conpes 3712 de 2011, que al día de hoy muestran que el número de víctimas registradas se duplicó, las tierras a restituir son mayores, la indemnización administrativa deberá ser mayor, todo lo cual exigirá una discusión mayor sobre el alcance que tiene la ley de victimas con el límite impuesto para la reparación hasta 2021.

Esos resultados y otros más se incluyen en el resumen anexo que la Contraloría ha dado a conocer.

Para ver el documento completo ver:

https://docs.google.com/document/d/1O7Ij3l4YJA8Q8iKtyELnybbvgHjvq-FpXO9AtvXi3nA/pub