Por: Juan Carlos Villamizar
Sesión de firma del Acuerdo de Cese al Fuego Gobierno-FARC-
La Habana - 24 de agosto de 2016. En la Foto: Iván Márquez (Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC); Bruno Rodríguez
Parrilla (Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba) Humberto de la Calle
Lombana (Jefe de los negociadores por el Gobierno de Colombia)
El primer punto acordó la necesidad de hacer una Reforma
Rural Integral. Aquí se toca el tema más problemático para los colombianos en
el siglo XX: en 1936 y 1944 durante las presidencias de Alfonso López Pumarejo
(1934-1938 y 1942-1945), luego en 1961 en el gobierno de Alberto Lleras y después,
en 1968 en la Administración de Carlos Lleras Restrepo que dio paso a la
creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Algunas pocas
tierras se distribuyeron, pero está muy lejos de los procesos de distribución
de tierras que se dieron en México en los años treinta. Finalmente, el tema se
ha olvidado y no ha pasado de ser la expedición de algunas medidas de
asignación de créditos y subsidios para la compra de tierras por los campesinos
y la distribución de algunos pocos baldíos. Lo peor y lo más trágico para los
Colombianos, es que entre 1985 y 2013 hubo una contrarreforma agraria, que se
dio por el despojo y abandono de 7,7 millones de hectáreas, de las cuales, por
lo menos dos millones, fueron arrebatadas a los campesinos por los grupos
paramilitares y el resto se encuentran abandonadas. Lo que se ha configurado es un campesinado
sin tierra y sin posibilidades y en lugar de que este grupo social, tenga un
lugar en la sociedad colombiana, estamos ad
portas de la desaparición del campesino y con él la capacidad de
alimentarnos, por ello, necesitamos decir SI al acuerdo.
El segundo punto se refiere a la apertura democrática y la
participación política. Todos los procesos políticos de cambio que ha habido en
Colombia, se han hecho con exclusión de alguna de las partes en contienda. La
Constitución Política de 1886, se trataba de un proyecto conservador encabezado
por Rafael Nuñez y Miguel Antonio Caro: en ella, la clase política ignoró la
diversidad cultural, lingüística y religiosa del país y contemplaba la figura
del Estado de Sitio, que impedía el ejercicio de la política y le otorgaba la
Presidente de la República poderes más allá de los permitidos en una democracia
participativa y deliberante. Este estado de cosas lo ratificó el plebiscito de
1958. Esa elección sellaría el acuerdo liberal-conservador elitista y aristocrático,
con el cual, se estableció un régimen de gobierno de alternación en el poder
entre liberales y conservadores, cada cuatro años. Fue un periodo formalmente
establecido para 1958 y 1974, pero duraría hasta 1990. Hasta aquí, todos los
cambios políticos se hicieron a espaldas de la población, sin bases populares,
con exclusión de los indios, los negros y en general del resto de la población
mestiza y pobre. Bajo el acuerdo del Frente Nacional y la dinámica política de
la región latinoamericana, surgieron las guerrillas (FARC, ELN, PRT, PST, EPL,
M-19) como una respuesta a la falta de participación política de la población.
Las elites hicieron el acuerdo de 1958 para lograr el fin de la guerra de mitad
de siglo, pero evadieron los problemas de distribución de la tierra y de
apertura política.
El abandono por los liberales de las fuerzas
campesinas del Llano en 1958 y el ataque frontal propinado en 1964 por las
elites del Frente Nacional, dieron vida a las FARC. Con el paso del tiempo, se
fueron dando las condiciones para el crecimiento de la fuerza guerrillera y la
aparición de su opositora en el campo de batalla, las fuerzas paramilitares,
desde la segunda mitad de los años ochenta. Nada de eso hubiera pasado de haber
existido una participación política real.
Fue el mecanismo de exclusión política el que dio vida al
M-19, con la pérdida de las elecciones de Rojas Pinilla en 1970. Veinte años
más tarde, esa guerrilla entró en negociaciones con el Gobierno que terminaron
en un proceso constituyente. La Constitución Política de 1990 le dio una
estocada al proyecto conservador de 1886 y al régimen bipartidista instaurado
en 1958 y sentó las bases para ser una República más incluyente y democrática.
Por ello, fue posible el mecanismo de la acción de tutela, de admitir la
diversidad lingüística, de garantizar los derechos sociales y políticos de la
mayor parte de los Colombianos. A pesar de ese gran acuerdo, los problemas de
la tierra y la apertura política continuaron, y prueba de ello, es la
existencia misma de las FARC y del ELN como fuerzas políticas armadas. Es decir
que los temas que quedaron sin resolver en el Plebiscito de 1958 y los que el
mismo régimen bipartidista creó y alimentó, siguen resonando sesenta años
después.
Hoy, el Acuerdo de la
Habana, trae una propuesta de participación política que implica la
creación de nuevos partidos, nuevos canales de acceso al Estado, la garantía de
la no exclusión. No sólo es la creación de un espacio político para las FARC,
sino para todos los demás ciudadanos. Hay que decirle SI al acuerdo y evitar
así que, de nuevo, algunos sectores poderosos y pequeños en número decidan por
nosotros, por el resto de los ciudadanos.
 |
Uribe
López, Mauricio (2013). La Nación vetada: Estado, desarrollo y
guerra civil en Colombia.
Bogotá, D.C.,: Universidad Externado de Colombia. |
El tercer punto del Acuerdo,
trata del cese al fuego y a las hostilidades y la dejación de las armas como
forma de ejercer la política. En el siglo XIX, la nueva República de Colombia
se debatiría en el enfrentamiento entre federalistas y centralistas en un
proceso histórico que nos costaría once guerras civiles, la última, de
proporciones enormes, la Guerra de los Mil Días, la cual dejaría el país
exhausto. Luego, los años de 1902 a 1930, estuvieron dominados por los
gobiernos de la República Conservadora, seguidos por el reformismo liberal de
1930 a 1946. Esos fueron años de intensa confrontación ideológica y de hacerle
creer al pueblo que ser liberal y conservador era un signo de orgullo. Podría
decirse que hubo una relativa paz, pero se fueron creando las condiciones para
que en 1946 se iniciara un periodo de veinte años de violencia sin cuartel
entre liberales y conservadores, cruel y despiadada: 300 mil muertos, despojo y
concentración de la tierra, y tendría lugar el acontecimiento que marcaría la
fractura más grande creada a la sociedad colombiana, el asesinato del líder político
de mayor representación popular que hemos tenido, Jorge Eliecer Gaitán.
En nuestro país, siempre se ha ejercido la política
utilizando el método de eliminar al opositor, esa ha sido una práctica
desgastante para el sistema político y atroz para la sociedad civil. Han
perdido la vida, líderes cívicos, sindicalistas, políticos de los partidos,
familias enteras han visto desaparecer a sus familiares, hemos asistido a la
eliminación física de 300 mil personas entre 1945 y 1964, y de otras 270 mil
entre 1985 y 2013, sin contar los asesinatos políticos no registrados. Así
mismo, hoy se sabe de 50 mil desaparecidos pero todavía hay muchos de los que no
tenemos conocimiento.
Los colombianos debemos reflexionar hoy sobre lo
que le ha pasado a los habitantes de las zonas rurales, cerca del 80% de la
población vive en las ciudades, y salvo por las personas que han sido desplazadas
hacia las urbes, los demás vivimos nuestras vidas al margen de la guerra, pero
no debemos olvidar que tenemos familiares, amigos, conocidos que han estado en
ella y para quienes un Acuerdo de cese al
fuego y hostilidades, es su única salvación; desde que empezaron los
diálogos, las muertes políticas han disminuido, pero todavía están las minas
anti-persona y toda una serie de artefactos sin explotar por todo el territorio
nacional. Se ha creado un mecanismo, con acompañamiento de las Naciones Unidas,
para que el proceso de dejación de armas se lleve a cabo en 23 zonas veredales
y 8 campamentos. Votemos por el SI para que ese plan se ejecute, y lo más
importante, para que se creen las garantías para el ejercicio de la política,
sin que la vida este de por medio.
El cuarto punto el acuerdo se refiere a la solución al
problema de las drogas ilícitas. Este ha sido uno de los grandes combustibles
de la guerra civil interna que nos ha azotado desde los años setenta, primero
con el cultivo y tráfico de la marihuana y después de la hoja de coca y la
amapola. Una gran fuente de recursos financió la compra de armas, municiones y
de políticos. El Acuerdo, busca
enfrentar este flagelo. Así como las armas llegaron para hacer la política, el
narcotráfico se instaló en los últimos cuarenta años para financiar los
intereses particulares de los distintos actores tanto políticos como criminales
(paramilitares, guerrilla, políticos). Por eso hay que votar por el SI, para decir
que los colombianos queremos acabar con el narcotráfico.
El quinto punto, es una novedad en los acuerdos realizados
hasta el momento entre fuerzas rebeldes y los gobiernos en otras guerras. El
acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que implica la creación de un Sistema integral de verdad, justicia,
reparación y no repetición, el cual, contiene cinco componentes: la
Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no
repetición; una Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas; una
Jurisdicción especial para la paz; unas Medidas de reparación integral; y,
Garantías de no repetición. Las FARC se han comprometido con el Derecho
Internacional Humanitario y han reconocido al Estado Colombiano. Se trata de
aceptar, que vivimos y hacemos parte del mundo occidental, el mismo que se
enfrentó en dos cruentas guerras mundiales, padeció dos bombas atómicas, y
después de eso, decidió crear un sistema de derechos humanos.
El conflicto reciente creó un número de víctimas
equivalente al 16,6% de la población colombiana, ocho millones de personas, aproximadamente
dos millones de familias, de las cuales, la mitad fueron despojadas de sus
tierras. Es hora de hacer la reparación de esa población. El Acuerdo posibilita avanzar en ese
proceso de reparación, más allá de la ley de víctimas expedida en 2011. Para
aquellos escépticos del Acuerdo, es
necesario que piensen en ese grupo de personas para las que también se hace el
plebiscito.
