La firma del acuerdo sobre “cese del fuego y el cese de hostilidades bilateral y definitivo” realizado entre el Gobierno Nacional del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 23 de junio de 2016, es el resultado de cuatro años de negociaciones y marca un hito en la historia política reciente de Colombia.
El carácter de la reunión del jueves pasado guarda el significado, de ser
la primera vez que, en toda nuestra historia republicana, una fuerza surgida
del pueblo campesino sienta en la mesa de negociaciones a las élites
gobernantes para llegar a un acuerdo. Eso sucedió después de un trágico pulso
político, mediado por las armas, acerca de quién derrotaba a quién. Lo dijeron
las partes, ni la guerrilla podía derrotar al Estado ni el Estado pudo derrotar
a la guerrilla. Llegar a ese punto, costó casi 8 millones de víctimas de
desplazamiento, el despojo de 7 millones de hectáreas de tierra, cerca de 50
mil desaparecidos, 250 mil muertos, otros tantos miles de personas fueron
lesionadas física y mentalmente, niños que perdieron sus padres y fueron
maltratados, dolor, pena y sufrimiento, donde los civiles han llevado la mayor parte de las pérdidas. Hoy por hoy, al Estado la cuenta de la reparación a las víctimas le está costando
mínimo $120 billones de pesos de 2015 y que tendrá que pagar en los próximos treinta
años. También ha costado la pobreza y la miseria en que viven millones de
Colombianos.
Timoleón Jiménez "Timochenko" - Ban Ki-Moon |
Los dos primeros temas, son los de mayor interés por lo que significan en la trayectoria histórica de Colombia. La tierra, ese recurso vital para la sostenibilidad alimentaria de todos nosotros le ha sido arrebatada a los campesinos por la guerra, por el narcotráfico, por el modelo económico y por los terratenientes y ha impedido la generación de formas de producción de medianos y pequeños productores que generen un sustento para ellos y el resto de la sociedad. Después que la Iglesia fue la gran propietaria hasta mediados del siglo XIX, con las medidas de desamortización de bienes de manos muertas tomadas por los liberales radicales de la época (Tomas Cipriano de Mosquera), la tierra terminó pasando a manos de los militares y de quienes se lucraron con las once guerras de la segunda mitad del siglo XIX; ni que decir en el siglo XX, donde las normas de reforma agraria se han burlado del campesinado, porque los pocos avances que contemplaban se incumplieron o simplemente, porque se tradujeron sólo en esquemas de colonización y de expansión de la frontera agrícola que no tocaban la estructura de la propiedad; las nuevas zonas de colonización luego han entrado en conflicto con el narcotráfico y los intereses mineros; también hay que agregar el modelo económico expulsor de trabajadores del campo[1] y el surgimiento de la minería como motor de desarrollo[2]; ni siquiera la lucha guerrillera de las FARC ha logrado detener el proceso de concentración de la propiedad de la tierra. Así pues, estamos frente a un tema que no ha tenido solución y, por el contrario, la tierra está cada vez más concentrada.[3] En tiempos de paz, habrá que seguir discutiendo el tema y llegar a soluciones. Por ahora, el Gobierno ha decidido crear las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZIDRES), un modelo agroindustrial que se encuentra muy lejos de las prioridades del campo colombiano y que atiende más a los intereses empresariales globales y demandas de consumo que se encuentran fuera de Colombia (como los biocombustibles).
Juan Manuel Santos - Raúl Castro - Timochenco |
Jorge Eliecer Gaitán |
[1] Uribe, Mauricio (2013), La Nación
Vetada. Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia (1 edn.; Bogotá, D.C:
Universidad Externado de Colombia) 344.
[2] Presidencia de la República (2015)
Plan de desarrollo, Prosperidad para Todos.
[3] PNUD (2011), 'Tierra y conflicto',
in PNUD (ed.), Informe de Desarrollo Humano. Colombia rural. Razones para la
esperanza (Bogotá, D.C: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), 177-300.