Memoria y olvido: relato de la fabula de la historia de Colombia, 1930-1960

Anotaciones en torno a al libro: Memoria y olvido: Usos públicos del pasado en Colombia, 1930-1960,  de Sandra Patricia Rodríguez Ávila editado por la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia.

El libro que ahora tenemos al público, es una invitación a repensar nuestro pasado histórico como colombianos, nos muestra una muy rigurosa investigación acerca de la construcción de la memoria oficial del país que hizo la Academia Colombiana de Historia entre 1930 y 1960. El trabajo de Sandra Rodríguez, hecho bajo los parámetros de la investigación científica adquiere un status que nos acerca a la verdad, no de la historia realizada por los miembros de la Academia, sino del propósito adelantado por las élites conservadoras de la primera mitad del siglo XX en forjar dicha memoria, haciendo un uso público del pasado mediante conmemoraciones patrióticas, la enseñanza de la historia y la conservación del patrimonio.

El texto trae dos aluciones a Eric Hobsbawn pertinentes y lapidarias: la primera dice: “Es esencial que los historiadores recuerden constantemente esto. Las cosechas que cultivamos en nuestros campos pueden terminar convertidas en alguna versión del opio del pueblo” y la segunda sostiene: “… la historia mala no es historia inofensiva. Es peligrosa. Las frases que se escriben en teclados aparentemente inocuos pueden ser sentencias de muerte”. El libro de Sandra, refleja con claridad como la historia nacional elaborada por la Academia llevó a la realidad, y con lujo de detalles, las sentencias del historiador inglés.

Dicho esto, dos aspectos surgen luego de la lectura de la sesuda investigación que tenemos entre manos: el primero, que estamos frente a la revelación de lo que fue la historia oficial, de carácter confesional católico, orientada hacia el hispanismo, el culto patriótico y el respeto por las fuerzas armadas y las elites. Se trata de una concepción pre-científica, guiada por el animismo, una pseudo-ciencia de la historia nacional, conceptos que no usa Sandra pero que se llenan de contenido con sus páginas. El segundo aspecto, que proviene del primero, es que la historia oficial promovida por la ACH, fue y tal vez sigue siendo, una fábula, no en el sentido de una composición literaria que deja una enseñanza útil o moral, sino en el sentido de ser, “una ficción artificiosa con que se encubre una verdad”. Sobre esos temas trata el libro.

En cuatro capítulos y una introducción, la autora estudia la conformación de la ACH, sus dinámicas institucionales, las políticas de la memoria, los olvidos y los revisionismos promovidos (en conmemoraciones, la enseñanza y la conservación patrimonial), donde se consolidaron marcos, lugares y tradiciones de la memoria.

El capítulo 1, estudia la conformación de la Academia, por hombres de la elite política conservadora, aficionados a la historia, o a lo que ellos creían era o debía ser la historia; fue una institución que contó hasta 1958 con los recursos del Estado, lo que le permitió mantener una publicación periódica, el Boletín de Historia y Antigüedades; desarrolló un trabajo de transferencia hacia las academias regionales; y, se constituyó en el ente emisor y legítimo de la memoria oficial de la República de Colombia en el periodo señalado.

El capítulo 2, con base en el concepto de tradición inventada, desarrolla la práctica de los festejos patrios y a la vez religiosos, con la misión de recordar fechas estelares y con ello inculcar valores y normas por medio de la repetición. El capítulo 3, estudia la misión desarrollada por la academia de conservar el patrimonio histórico y cultural (archivos, monumentos, iconografía patriótica, y la galería de historiadores, donde por supuesto, los propios miembros de la academia se otorgan su lugar). Aquí se van marcando las pautas de lo que hemos llamado la cultura pre-científica.

Los eventos conmemorativos, colocaron a la iglesia en el centro de los acontecimientos, la cruz es la alegoría de la libertad y los próceres son los mártires que sacrificaron, como cristo, su vida por nosotros, no importan sus fallos, sus ideas, sus cambios abruptos, lo que interesa es mantenerlos en la santidad. Por ejemplo, Bolívar como Moisés fue un destello viviente del poder divino. Con este discurso, la iglesia contribuía a la defensa de su posición política como institución eclesiástica en contra de las reformas liberales. El soldado, el párroco o el misionero son objeto de monumentos para su recordación, en un acto de gratitud para con ellos. No faltó incluso, la idea que la iglesia era la fuente de la civilización.

El capítulo 4, trata de la forma como la Academia fue la fuente de la enseñanza de la historia como historia patria por varias generaciones. Bajo la categoría de análisis de la memoria ejercida de Paul Ricoeur, Sandra aborda los usos públicos del pasado, la operación cognitiva de la rememoración de un acontecimiento que tuvo lugar y la memorización del aprendizaje de saberes y destrezas que se constituyen en hábitos. Así la propuesta de la enseñanza de la historia por parte de la Academia se hizo bajo cuatro claves: lo que se debe saber, lo que se debe enseñar, lo que se debe recordar y, tal vez, lo más importante y relevante, lo que se debe olvidar.

La historia de Colombia en debate - Serie Documentos

A continuación reproduzco un encuentro para debatir la concepción de la historia de Colombia, publicado en el Magazín Dominical de El Espectador de el 30 de abril de 1989 (No. 316). Ahora que se está discutiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley para la enseñanza de la historia, lo que allí se discutió resulta relevante 28 años más tarde. Sorprende que, por lo menos, en materia de difusión de la historia la situación no ha cambiado mucho, a pesar de la ampliación del número de programas de historia y de una producción universitaria amplia.

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas

Juan Carlos Villamizar, PhD

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) surgida de las negociaciones de paz, entre el Gobierno y la Guerrilla de las FARC en La Habana. Tuvo como mandato del gobierno “producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población.”[1]

El resultado fue un conjunto de 12 ensayos y dos relatorías, muy disimiles y que una vez más, cuestionan las periodizaciones y las causas del conflicto político en los siglos XX y XXI. Empero, agrega un elemento nuevo, la pregunta por la persistencia del conflicto, es decir, implícitamente el mandato buscó indagar por factores estructurales y permanentes que hacen que el conflicto desde la mitad del siglo pasado, surja, se renueve y cobre nuevos aires más letales y autodestructivos que el anterior ciclo. El aspecto sobre los efectos e impactos sobre la población tuvo un tratamiento descuidado. Hay un reconocimiento que los periodos más críticos fueron el de 1945-1964 y 1985-2013. Eduardo Pizarro y Víctor Moncayo como relatores propusieron entonces varios aspectos analíticos acerca de la historia de la violencia en Colombia: la cuestión sobre la continuidad o discontinuidad del conflicto, que a su vez está relacionado con la temporalidad que en cada caso se le asigna al conflicto.

Cuando el énfasis lo ponen en la continuidad, es el conflicto por la tierra el elemento que sigue estando en el centro del debate (Fajardo, Molano, Estrada: CHCV, 2015). También se considera estructural el cierre de los espacios políticos en los dos periodos de violencia. Igualmente, está la respuesta desproporcionada y reiterada de las élites frente a la protesta social (Wills, CHCV,2015); por último, algunos comisionados incorporan a la explicación la emergencia de un capitalismo extractor de rentas, donde el narcotráfico es parte consustancial del sistema (Estrada, Moncayo en: CHCV, 2015).

Cuando el énfasis lo ponen en la discontinuidad, los comisionados centran su atención en destacar: que el FN terminó con la violencia bipartidista de mitad del siglo XX; que el narcotráfico y paramilitarismo se sitúan como actores nuevos de la violencia; y que los actores armados sólo tienen como finalidad de su accionar la extracción de rentas (a través del secuestro y el boleteo) haciendo tabla rasa del periodo anterior a los años ochenta (Duncan en: CHCV, 2015)[4], en una aceptación tácita de la forma cómo la clase política ha construido el pasado (sin verdad, sin memoria, sin historia).

[1]              https://www.mesadeconversaciones.com.co/comision-historica/introduccion

Economía política de la tributación en Colombia

Introducción

La tributación es una de las maneras como el poder se manifiesta en una sociedad, por lo general, es el resultado de la relación de fuerzas entre los gobernantes y sus gobernados.[1] Éstos últimos, pueden aceptar o rechazar el cobro de los impuestos dependiendo del retorno que los gobernantes proporcionen a los primeros (seguridad, salud, educación, seguridad social, leyes, etc.,). Desde los tiempos antiguos esa ha sido la regla, y también lo ha sido, que los gobernados no aceptan esos cobros, entre otras razones porque no son legítimos, es decir, se ha impuesto la fuerza del gobernante sobre el gobernado.

Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil

Lula Da Silva - Presidente de Brasil 2003-2011

El estudio Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil[1] de Hernán Gómez Bruera trata de la formación, desarrollo y logros del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil durante el periodo 1980-2010. El concepto orientador de Gómez es la gobernabilidad y el reto que representó para el PT, transformarse desde una estrategia de gobernabilidad social contrahegemónica hacia la gobernabilidad basada en el acomodo elitista que acepta la distribución del poder y los arreglos institucionales existentes y busca acomodar a los actores estratégicos dominantes.

La investigación se basa en 140 entrevistas realizadas a actores de PT entre 2008 y 2010: se trata de líderes del partido que ganaron elecciones o fueron designados como funcionarios del gobierno nacional o sub-nacional. De ellos, se destacan 10 exministros, 18 secretarios de diferentes estados y 13 asesores presidenciales. Igualmente, Gómez seleccionó casos de aplicación de estrategias de gobernabilidad en diferentes ámbitos de gobierno: examina administraciones que buscaron apoyarse en la movilización popular para introducir estrategias contra-hegemónicas, en las ciudades de Diadema (1982-1985) y Sao Paulo (1989-1992); administraciones que combinaron movilización con participación como Porto Alegre (1989-2005); y,  administraciones que dieron prioridad al acomodo de actores estratégicos dominantes, como en Sao Paulo (2000-2004). El autor también hace una revisión de los documentos programáticos del partido y de las principales políticas aplicadas en los gobiernos sub-nacionales y nacional. Finalmente, establece una distinción con respecto a la bibliografía existente sobre movimientos sociales y partidos políticos, en el sentido que, en su mayoría los observadores del PT han afirmado que el partido perdió contacto con su base social, argumento que Gómez rebate, para decir que, el cambio no fue de distanciamiento cuando el partido llegó al poder, sino que el PT experimentó una transformación en la forma de relación con sus bases sociales con el fin de mantener la gobernabilidad.

Gómez parte de que los movimientos de masas se enfrentan a tres tipos de situaciones: de gobernabilidad política, gobernabilidad económica y gobernabilidad social. Esos tipos de gobernabilidad son definidos por Gómez como dimensiones. Esas dimensiones se enfrentan con actores estratégicos, es decir, actores que controlan fuentes de poder que, en el caso del PT, fueron cada vez más fuertes, a medida que el partido iba accediendo en la escala del poder hasta la Nación, esos actores fueron el establishment financiero, terratenientes, productores rurales, partidos políticos conservadores y grupos de negocios. Para enfrentar tales actores, el PT empleó dos tipos de estrategias: contra-hegemónica y elitista. A medida que el partido fue ganando posiciones dentro del Estado, fue pasando desde la posición contra-hegemónica a la de transacción elitista. Esa transición la va mostrando Gómez basado en una rica base documental que le permite demostrar el cambio ocurrido en el transcurso de los treinta años del PT. Gómez aclara que la posición contra-hegemónica no consiste en el desarrollo de acciones para derribar al bloque dominante sino en neutralizar de forma creativa la influencia de los actores estratégicos poderosos en las instituciones del Estado a través de la movilización de masas y la participación amplia de los sectores populares en las instancias de gobierno, como por fuera de ellas.

El PT se constituyó en 1980, y a diferencia de los partidos de izquierda anteriores, surgió desde abajo hacia arriba, con un fuerte acento en las clases populares, en un espectro que incluía al nuevo sindicalismo, la izquierda organizada y la iglesia progresista. Entre los grupos de mayor reconocimiento estaban el sindicato de los metalúrgicos con su figura más influyente, Luiz Inácio Lula Da Silva; el sector progresista de la iglesia católica inspirado por la Teología de la Liberación, que desarrollo las comunidades eclesiales de base con iniciativas de educación popular, su papel fue esencial para dar al PT un carácter plural, uniendo a los trabajadores del campo y la ciudad; y, el tercer grupo, la izquierda organizada proveniente de una vasta gama de tendencias marxistas, trostkistas, maoístas y de otras organizaciones políticas. Una característica del partido es que los movimientos que lo conforman nunca perdieron su identidad y otros se formaron bajo su cobertura, como en el caso de la Central Única de los Trabajadores (CUT) en 1983 y el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) en 1985. Un rasgo del PT en sus inicios fue su postura crítica frente a las instituciones representativas formales, lo que no impidió, que participara en elecciones locales desde 1982. Asimismo, desarrolló un modelo genético de actuación, el cual, ha sido su legado incluso, en su fase de vinculación con las instituciones estatales: la movilización de masas, los vínculos interpersonales y la democracia participativa.

En los noventa, el PT fue ganando nuevas posiciones dentro del Estado al llegar a varias alcaldías y desarrollar posiciones de poder, fue así como su discurso fue tomando una nueva forma, en el sentido que muchos de los elegidos en las nuevas posiciones, tuvieron que ampliar el campo sociopolítico, en el cual, debían atender no sólo las demandas de sus electores sino de toda una ciudad. Desde allí se fue generando una nueva perspectiva del partido para integrar nuevos sectores sociales que, si bien no actuaban como militantes, si votaron por el PT. Otro cambio, fue que muchos de los movimientos debieron moderar sus posiciones frente a las nuevas administraciones, de las cuales, ellos hacían parte, eso afectó la movilización de masas. En ese sentido no hubo un abandono del PT de las organizaciones sociales, por el contrario, se generó una nueva interacción, en la cual, las organizaciones pasaron a percibir, por diversos mecanismos, recursos de las administraciones y el Estado mismo, ganó en la generación de mecanismos de participación. Nos dice Gómez, “despunta como paradoja que incluso el MST … se volvió beneficiario importante de los recursos estatales, promovió candidatos al Congreso y empleó incluso a muchos de sus cuadros en instituciones estatales”(Gómez, 2015:140).

Estando en el poder ejecutivo sub-nacional, el PT se vio enfrentado a fortalecer su poder contra-hegemónico y, al mismo tiempo, abrir el espacio para la estrategia de gobernabilidad elitista. Para ilustrar tales estrategias, el autor nos muestra los ejemplos de las administraciones de Luiza Erundina en Sao Paulo (1989-1992), los cuatro gobiernos del PT en Porto Alegre (1989-2004) y la de Marta Suplicy en Sao Paulo (2000-2004). Las dos estrategias de gobernabilidad fueron tomando forma tanto dentro del campo petista como fuera de él. Dentro del campo petista, las primeras administraciones locales debieron enfrentar las acciones disruptivas de los movimientos sociales, para lo cual, algunas de las administraciones optaron por la distribución de cargos dentro de las mismas, consolidando una nueva burocracia. Igualmente, se incorporó el mecanismo del presupuesto participativo que empoderó a muchas organizaciones sociales, como una forma de poder contra-hegemónico dentro del mismo Estado y le permitió al partido ampliar el dialogo con la clase media y otros sectores más amplios, como en Porto Alegre. Por fuera del campo petista, se imponía el mayor reto para, lograr la gobernabilidad frente a grandes grupos económicos y partidos políticos conservadores, lo que llevó al desarrollo de la estrategia elitista, es decir, la toma de decisiones políticas y económicas sin la participación de las fuerzas populares, fuerzas que eran la fuente misma del poder del PT. Este fue un cambio significativo, en el cual, los líderes del PT percibieron muy pronto que no podían mantener la gobernabilidad política si no tenían las mayorías aseguradas en las instancias del legislativo sub-nacional y nacional.

Luego de disputar la presidencia en 1989, 1994 y 1998, en su cuarto intento en 2002, Lula llega a la presidencia de Brasil, con lo cual, la gobernabilidad se convirtió en un asunto aún más importante para el PT y alteró los discursos y estrategias del Partido. Es así como desde la campaña de 2002, el grupo de Lula dentro del PT desarrolla la estrategia elitista de conciliar con los actores estratégicos dominantes (los industriales, el sector financiero, los terratenientes y los empresarios de los agro-negocios) y entra a negociar las principales reformas y políticas. Primero mediante un mecanismo intermedio de compra de votos que lo llevo a una crisis política y luego, para superar esa crisis y ganar gobernabilidad política, Lula designó ministros de varios partidos y proporcionó más cupos presupuestales para los congresistas.

Desde el punto de vista de la gobernabilidad económica, la estrategia elitista fue mucho más clara: ya desde la campaña de 2002, los primeros acuerdos fueron con los sectores financiero y de agro-negocios, lo que implicó ceder la política económica a las tendencias ortodoxas del equilibrio fiscal y también las decisiones fundamentales en el campo agropecuario, haciendo a un lado la reforma agraria, un tema histórico en la trayectoria del PT. En este punto, Gómez argumenta a favor de la trayectoria histórica del PT, se opone a que hubo un cambio en las concepciones económicas del PT, por el contrario, interpreta tales decisiones como una forma de generar una respuesta pragmática con la cual ganar credibilidad entre los inversionistas extranjeros y los tenedores de bonos. Solo cuando la administración demostró suficientes credenciales en materia de disciplina fiscal, el establishment financiero dejó de ostentar su poder de veto y el gobierno pudo lidiar con él desde una posición de mayor fortaleza.

Una de las situaciones que expresa con más claridad el cambio en las prioridades del PT es su renuencia a compartir el poder con la sociedad civil en dos de sus programas más importantes: Bolsa Familia y el Programa de Aceleración del Crecimiento. De nuevo, lo que parece una contradicción, para Gómez es la construcción de un proceso natural de gobernabilidad social, el PT optó “por desarrollar políticas que les redituaran puntos inmediatos entre los sectores pobres o impacto en la opinión pública”(Gómez, 2015:247), a ello, se agregó que entre los líderes partidistas y activistas sociales, Lula era uno de ellos, y por lo tanto, no se requería acudir a los instrumentos participativos. Visto en perspectiva, sin embargo, la administración petista creó varias instituciones de participación durante los dos periodos de gobierno, instituciones que son conquistas importantes de la sociedad civil brasileña y proporcionaron voz a grupos minoritarios antes excluidos. El paso del programa Hambre Cero a Bolsa Familia priorizó la necesidad de la reelección presidencial, lo que implicó, desplazar los programas participativos que eran más lentos, hacia estrategias más tecnocráticas y dirigidas desde el Estado, de esa forma el gobierno logro dar un salto de cobertura de 3.5 a 51.4 millones de personas atendidas. A este cambio, se agregó que en la segunda presidencia el Programa de Aceleración del Crecimiento priorizó la promoción de obras de infraestructura a gran escala y no tenía ningún mecanismo participativo.

La gobernabilidad social del PT fue otro de los soportes que permitió que el gobierno se mantuviera sin crisis sociales o políticas de gran envergadura. Eso se logró por varios elementos: el liderazgo de Lula, su presencia y el vínculo afectivo que genera entre los votantes, resultó ser uno de los activos más importantes del PT, ese liderazgo llenó los espacios que el proceso participativo iba dejando atrás con el fin de ganar mayor fuerza política desde el punto de vista electoral; la distribución de cargos en el aparato estatal y la asignación de subsidios públicos masivos, son aspectos que Gómez califica como recompensas a las bases sociales; los vínculos interpersonales entre el partido y los líderes sociales, es otro componente que favoreció la gobernabilidad social porque la burocracia del partido nunca perdió los nexos con las organizaciones sociales y, ellos mismos, como burócratas en el gobierno no dejaron de sentirse miembros de su organización social; por último, la voluntad del partido en el gobierno. Esa voluntad se tradujo en incrementos en el salario mínimo en un 53% en los dos periodos, aumentos que se materializaron sólo hasta 2005.

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[1] Villamizar Juan Carlos Lula, el Partido de los trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil [Publicación periódica] // Revista Mexicana de Sociología / ed. sociales Instituto de investigaciones. - México, D.F : [s.n.], Enero - maezo de 2017. - 1 : Vol. 79. - págs. 209-213. - ISSN 0188-2503.

¿Por qué votar SI a los Acuerdos de La Habana?

Por: Juan Carlos Villamizar

Sesión de firma del Acuerdo de Cese al Fuego Gobierno-FARC- La Habana - 24 de agosto de 2016. En la Foto: Iván Márquez (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC); Bruno Rodríguez Parrilla (Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba) Humberto de la Calle Lombana (Jefe de los negociadores por el Gobierno de Colombia)

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), firmaron el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera el pasado 24 de agosto de 2016. La llegada a ese punto se dio después del mantenimiento de una Mesa de Conversaciones por cuatro años y un encuentro exploratorio de seis meses en 2012. Es la noticia más importante para los colombianos en el último medio siglo. El Acuerdo avanza en la integración de los actores que habían quedado por fuera de la Constitución de 1991 debido a que las guerrillas (FARC y ELN) no hicieron parte de la misma. En esta semana se avanzó en ese camino cerrando una larga confrontación por las armas. El siguiente paso es la aprobación del Acuerdo mediante el plebiscito que ha sido convocado para el 2 de octubre. Invito a votar SI a este Acuerdo porque es una oportunidad de cambiar el estilo de hacer política sin matarnos e ingresar en una nueva era en la historia política colombiana. El Acuerdo, contiene seis puntos que son una novedad a la luz del pasado político de Colombia.

El primer punto acordó la necesidad de hacer una Reforma Rural Integral. Aquí se toca el tema más problemático para los colombianos en el siglo XX: en 1936 y 1944 durante las presidencias de Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945), luego en 1961 en el gobierno de Alberto Lleras y después, en 1968 en la Administración de Carlos Lleras Restrepo que dio paso a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Algunas pocas tierras se distribuyeron, pero está muy lejos de los procesos de distribución de tierras que se dieron en México en los años treinta. Finalmente, el tema se ha olvidado y no ha pasado de ser la expedición de algunas medidas de asignación de créditos y subsidios para la compra de tierras por los campesinos y la distribución de algunos pocos baldíos. Lo peor y lo más trágico para los Colombianos, es que entre 1985 y 2013 hubo una contrarreforma agraria, que se dio por el despojo y abandono de 7,7 millones de hectáreas, de las cuales, por lo menos dos millones, fueron arrebatadas a los campesinos por los grupos paramilitares y el resto se encuentran abandonadas. Lo que se ha configurado es un campesinado sin tierra y sin posibilidades y en lugar de que este grupo social, tenga un lugar en la sociedad colombiana, estamos ad portas de la desaparición del campesino y con él la capacidad de alimentarnos, por ello, necesitamos decir SI al acuerdo.

El segundo punto se refiere a la apertura democrática y la participación política. Todos los procesos políticos de cambio que ha habido en Colombia, se han hecho con exclusión de alguna de las partes en contienda. La Constitución Política de 1886, se trataba de un proyecto conservador encabezado por Rafael Nuñez y Miguel Antonio Caro: en ella, la clase política ignoró la diversidad cultural, lingüística y religiosa del país y contemplaba la figura del Estado de Sitio, que impedía el ejercicio de la política y le otorgaba la Presidente de la República poderes más allá de los permitidos en una democracia participativa y deliberante. Este estado de cosas lo ratificó el plebiscito de 1958. Esa elección sellaría el acuerdo liberal-conservador elitista y aristocrático, con el cual, se estableció un régimen de gobierno de alternación en el poder entre liberales y conservadores, cada cuatro años. Fue un periodo formalmente establecido para 1958 y 1974, pero duraría hasta 1990. Hasta aquí, todos los cambios políticos se hicieron a espaldas de la población, sin bases populares, con exclusión de los indios, los negros y en general del resto de la población mestiza y pobre. Bajo el acuerdo del Frente Nacional y la dinámica política de la región latinoamericana, surgieron las guerrillas (FARC, ELN, PRT, PST, EPL, M-19) como una respuesta a la falta de participación política de la población. Las elites hicieron el acuerdo de 1958 para lograr el fin de la guerra de mitad de siglo, pero evadieron los problemas de distribución de la tierra y de apertura política.

El abandono por los liberales de las fuerzas campesinas del Llano en 1958 y el ataque frontal propinado en 1964 por las elites del Frente Nacional, dieron vida a las FARC. Con el paso del tiempo, se fueron dando las condiciones para el crecimiento de la fuerza guerrillera y la aparición de su opositora en el campo de batalla, las fuerzas paramilitares, desde la segunda mitad de los años ochenta. Nada de eso hubiera pasado de haber existido una participación política real.

Fue el mecanismo de exclusión política el que dio vida al M-19, con la pérdida de las elecciones de Rojas Pinilla en 1970. Veinte años más tarde, esa guerrilla entró en negociaciones con el Gobierno que terminaron en un proceso constituyente. La Constitución Política de 1990 le dio una estocada al proyecto conservador de 1886 y al régimen bipartidista instaurado en 1958 y sentó las bases para ser una República más incluyente y democrática. Por ello, fue posible el mecanismo de la acción de tutela, de admitir la diversidad lingüística, de garantizar los derechos sociales y políticos de la mayor parte de los Colombianos. A pesar de ese gran acuerdo, los problemas de la tierra y la apertura política continuaron, y prueba de ello, es la existencia misma de las FARC y del ELN como fuerzas políticas armadas. Es decir que los temas que quedaron sin resolver en el Plebiscito de 1958 y los que el mismo régimen bipartidista creó y alimentó, siguen resonando sesenta años después.

Hoy, el Acuerdo de la Habana, trae una propuesta de participación política que implica la creación de nuevos partidos, nuevos canales de acceso al Estado, la garantía de la no exclusión. No sólo es la creación de un espacio político para las FARC, sino para todos los demás ciudadanos. Hay que decirle SI al acuerdo y evitar así que, de nuevo, algunos sectores poderosos y pequeños en número decidan por nosotros, por el resto de los ciudadanos.

Uribe López, Mauricio (2013). La Nación vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia. 
Bogotá, D.C.,: Universidad Externado de Colombia.

El tercer punto del Acuerdo, trata del cese al fuego y a las hostilidades y la dejación de las armas como forma de ejercer la política. En el siglo XIX, la nueva República de Colombia se debatiría en el enfrentamiento entre federalistas y centralistas en un proceso histórico que nos costaría once guerras civiles, la última, de proporciones enormes, la Guerra de los Mil Días, la cual dejaría el país exhausto. Luego, los años de 1902 a 1930, estuvieron dominados por los gobiernos de la República Conservadora, seguidos por el reformismo liberal de 1930 a 1946. Esos fueron años de intensa confrontación ideológica y de hacerle creer al pueblo que ser liberal y conservador era un signo de orgullo. Podría decirse que hubo una relativa paz, pero se fueron creando las condiciones para que en 1946 se iniciara un periodo de veinte años de violencia sin cuartel entre liberales y conservadores, cruel y despiadada: 300 mil muertos, despojo y concentración de la tierra, y tendría lugar el acontecimiento que marcaría la fractura más grande creada a la sociedad colombiana, el asesinato del líder político de mayor representación popular que hemos tenido, Jorge Eliecer Gaitán.

En nuestro país, siempre se ha ejercido la política utilizando el método de eliminar al opositor, esa ha sido una práctica desgastante para el sistema político y atroz para la sociedad civil. Han perdido la vida, líderes cívicos, sindicalistas, políticos de los partidos, familias enteras han visto desaparecer a sus familiares, hemos asistido a la eliminación física de 300 mil personas entre 1945 y 1964, y de otras 270 mil entre 1985 y 2013, sin contar los asesinatos políticos no registrados. Así mismo, hoy se sabe de 50 mil desaparecidos pero todavía hay muchos de los que no tenemos conocimiento.

Los colombianos debemos reflexionar hoy sobre lo que le ha pasado a los habitantes de las zonas rurales, cerca del 80% de la población vive en las ciudades, y salvo por las personas que han sido desplazadas hacia las urbes, los demás vivimos nuestras vidas al margen de la guerra, pero no debemos olvidar que tenemos familiares, amigos, conocidos que han estado en ella y para quienes un Acuerdo de cese al fuego y hostilidades, es su única salvación; desde que empezaron los diálogos, las muertes políticas han disminuido, pero todavía están las minas anti-persona y toda una serie de artefactos sin explotar por todo el territorio nacional. Se ha creado un mecanismo, con acompañamiento de las Naciones Unidas, para que el proceso de dejación de armas se lleve a cabo en 23 zonas veredales y 8 campamentos. Votemos por el SI para que ese plan se ejecute, y lo más importante, para que se creen las garantías para el ejercicio de la política, sin que la vida este de por medio.

El cuarto punto el acuerdo se refiere a la solución al problema de las drogas ilícitas. Este ha sido uno de los grandes combustibles de la guerra civil interna que nos ha azotado desde los años setenta, primero con el cultivo y tráfico de la marihuana y después de la hoja de coca y la amapola. Una gran fuente de recursos financió la compra de armas, municiones y de políticos. El Acuerdo, busca enfrentar este flagelo. Así como las armas llegaron para hacer la política, el narcotráfico se instaló en los últimos cuarenta años para financiar los intereses particulares de los distintos actores tanto políticos como criminales (paramilitares, guerrilla, políticos). Por eso hay que votar por el SI, para decir que los colombianos queremos acabar con el narcotráfico.

                                        

El quinto punto, es una novedad en los acuerdos realizados hasta el momento entre fuerzas rebeldes y los gobiernos en otras guerras. El acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que implica la creación de un Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual, contiene cinco componentes: la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; una Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas; una Jurisdicción especial para la paz; unas Medidas de reparación integral; y, Garantías de no repetición. Las FARC se han comprometido con el Derecho Internacional Humanitario y han reconocido al Estado Colombiano. Se trata de aceptar, que vivimos y hacemos parte del mundo occidental, el mismo que se enfrentó en dos cruentas guerras mundiales, padeció dos bombas atómicas, y después de eso, decidió crear un sistema de derechos humanos.

El conflicto reciente creó un número de víctimas equivalente al 16,6% de la población colombiana, ocho millones de personas, aproximadamente dos millones de familias, de las cuales, la mitad fueron despojadas de sus tierras. Es hora de hacer la reparación de esa población. El Acuerdo posibilita avanzar en ese proceso de reparación, más allá de la ley de víctimas expedida en 2011. Para aquellos escépticos del Acuerdo, es necesario que piensen en ese grupo de personas para las que también se hace el plebiscito.